Desde distintos sectores se cuestiona la legitimidad de las decisiones de Pablo Celi
Que el contralor Pablo Celi haya nombrado desde prisión a un subcontralor, que lo subrogará mientras se resuelve su situación judicial, provoca que representantes de distintos sectores cuestionen la legitimidad de sus decisiones.
Esta semana Celi, quien está recluido en la Cárcel 4 de Quito, firmó tres acciones administrativas. La primera para aceptar la renuncia de Valentina Zárate al cargo de subcontralora, la segunda para nombrar en ese puesto a Carlos Riofrío González y la tercera para designar a este último como su reemplazo mientras continúe detenido.
Celi cumple prisión preventiva desde el pasado 13 de abril por su presunta participación en una estructura de delincuencia organizada que cobraba sobornos para desvancer glosas.
Para Juan Cuvi, miembro de la Comisión Anticorrupción, el caso de la Contraloría y la actuación de Celi es una demostración de "ausencia total de institucionalidad".
"Es una vergüenza para el país. Hay que definir claramente cómo se aplican los procesos de sustitución", opina Cuvi.
Mientras que Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cree que "sería más digno" que Celi renuncie.
Desde la Asamblea Nacional, el legislador Ronny Aleaga (UNES) -quien pidió tratar el juicio político de Celi antes que el del exministro de Energía, René Ortiz- señaló que con la designación de un contralor subrogante, Celi "se perpetúa en la impunidad y se menoscaba la confianza de los ciudadanos".
Actualmente el contralor tiene una licencia por enfermedad, además podría hacer uso de su periodo de vaciones y así seguir manteniendo su cargo.
Para que el contralor deje su puesto debería renunciar, que la Asamblea Nacional lo censure y destituya tras un juicio político, que la Justicia lo sentencie o lo absuelva del caso Las Torres o que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) acelere la elección de un contralor definitivo.
Pablo Celi asumió la titularidad de la Contraloría General del Estado en 2019 tras una resolución del CPCCS Transitorio, organismo presidido por el fallecido Julio César Trujillo, que resolvió no convocar a un concurso y extender las funciones de Celi como subrogante hasta 2022.