La crisis eléctrica que atraviesa el país ha superado el discurso oficial
El Gobierno de Daniel Noboa ha evitado referirse a los cortes eléctricos como "apagones". Ha preferido utilizar términos como "desconexiones nacionales" atribuidas a mantenimientos, sabotajes y fallas humanas.
Sin embargo, la crisis eléctrica que atraviesa el país ha superado el discurso oficial. La mañana de este miércoles 9 de octubre, el ahora exministro de Energía, Antonio Goncalves, emitió un mensaje en cadena nacional de solo dos minutos, donde confirmó que los cortes de luz se extenderán durante 10 horas diarias para toda la población. La medida es vista como inevitable ante la falta de soluciones efectivas para estabilizar el sistema eléctrico.
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En su discurso, Goncalves afirmó que, a pesar de evaluar todas las opciones para mitigar el impacto de la crisis energética, las acciones implementadas no han sido suficientes. Con tono serio, el ministro expresó la necesidad de reprogramar los cortes, que afectarán a todo el país.
Este anuncio marca un cambio de postura frente a la negativa inicial de la Administración de Noboa de aceptar la gravedad de la situación. Hace un mes, el ministro de Gobierno, Arturo Félix, había descartado la posibilidad de apagones, calificando las advertencias de los técnicos como exageradas.
El manejo de la crisis eléctrica ha sido confuso y contradictorio. Mientras el Gobierno hablaba de desconexiones programadas por mantenimiento y posibles sabotajes, ordenaba la militarización de las centrales eléctricas y sometía a sus trabajadores a rigurosas revisiones.
Pero la realidad se impuso el 23 de septiembre, cuando se admitió por primera vez la implementación de apagones programados de hasta ocho horas. La reducción de los cortes en zonas residenciales, anunciada el 4 de octubre, fue solo una medida temporal que no logró estabilizar el sistema.
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La falta de lluvias ha hecho insostenible la situación, trasladando la carga al sector industrial, que se vio obligado a generar su propia energía durante 10 horas diarias.
Este giro, decidido sin consulta, ha tenido graves consecuencias para el empleo y la economía del país. El lunes, los efectos de esa medida comenzaron a sentirse con mayor intensidad, lo que forzó al Gobierno a retroceder y reconocer que la crisis también debe ser compartida por la población en general para proteger al sector productivo.
El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, ha asegurado que se están buscando soluciones, pero no se han detallado planes concretos para enfrentar la crisis eléctrica. La incertidumbre sobre el futuro de la situación persiste, y más allá del breve pronunciamiento de Antonio Goncalves, no ha habido más declaraciones oficiales sobre cuánto tiempo durarán los apagones o qué acciones se tomarán para resolver la emergencia.
El país se encuentra en una situación crítica, con la falta de claridad sobre el manejo de la situación y las consecuencias económicas que ya se están viendo. La presión sobre el Gobierno de Noboa aumenta, mientras la población y el sector industrial demandan respuestas y soluciones para enfrentar esta prolongada crisis energética.