CPCCS: Procuraduría deberá dirimir quién es el presidente del organismo
La Procuraduría General del Estado (PGE) deberá dirimir quién es el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así lo plantea Hernán Ulloa, presidente en disputa de la institución.
En rueda de prensa virtual, el funcionario defendió la legitimidad de lo resuelto ayer, cuando cuatro consejeros (incluido Ulloa) decidieron remover de la presidencia y vicepresidencia del CPCCS a Sofía Almeida y David Rosero.
Hoy, durante la conferencia, Ulloa mostró un documento sobre la acción de protección que presentó ante la justicia. En esta se declara que "las resoluciones adoptadas por el CPCCS el día miércoles 9 de febrero del 2022 se presuman legítimas".
Para el también abogado, esta resolución judicial es una confirmación a lo promulgado por el Ministerio de Trabajo, Función de Transparencia y Control Social, entre otras instituciones, que ya lo declararon presidente del CPCCS.
Por ello, mientras la PGE analiza este caso y decide si lo ratifica o no como presidente del Consejo, él ejecutará acciones administrativas que ese puesto le permiten. Una de las primeras actividades -dijo- es la remoción de empleados del CPCCS que pertenecen al nivel jerárquico superior y que son cercanos a Almeida.
Alegó que algunos de esos servidores "cometían arbitrariedades". En ese sentido, señaló que aún no puede acceder a las claves de las cuentas de redes sociales del CPCCS porque se las han negado. "Eso tiene consecuencias en el orden penal", advirtió.
Ulloa reiteró que uno de los motivos para remover a Almeida y Rosero fue la falta de convocatoria a una sesión declarada permanente desde hace 13 días.
Denunció que esta acción era para "ir ganando tiempo" y que los cuatro consejeros de oposición (él, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y María Fernanda Rivadeneira) sean procesados políticamente. Y es que en la Asamblea Nacional, legisladores de UNES, PSC y Pachakutik intentan enjuiciar políticamente a esos cuatro vocales.
Finalmente, Ulloa reconoce que Almeida intentará recuperar el cargo de presidencia por todas las instancias posibles, sin embargo cree que "va a ser muy difícil que otro juez pueda revocar" la sentencia obtenida hoy.
Y añade que si la Procuraduría le da la razón a Almeida, él volverá a ocupar su puesto de vocal del CPCCS y aceptará "todas las consecuencias políticas".
Más temprano, Almeida expuso en las redes sociales institucionalesque una jueza de Samborondón, Guayas, le había ratificado una acción de medidas cautelares "que dejaban sin efecto todas las acciones o decisiones que puedan darse" para validar su destitución.
El CPCCS tiene pendiente los procesos para designar al contralor general del Estado, defensor del Pueblo, entre otras autoridades.
Aunque Almeida y Rosero fueron removidos de sus puestos como presidenta y vicepresidente, siguen siendo vocales del organismo. Solo el Parlamento podría destituirlos mediante un juicio político.