El Cpccs y cuatro concursos clave quedarán a merced de los intereses políticos del próximo Gobierno
Una vez más, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no ha logrado concluir procesos de designación a tiempo y cuatro concursos fundamentales están en ciernes porque avanzan a paso de tortuga.
Se trata de autoridades de altos quilates como la Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura, entidad que vigila las actuaciones de jueces y fiscales.
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Cpccs, marcado por las presiones del Gobierno de turno
Esto abre la puerta para que el próximo Gobierno, sea el correísmo o el noboísmo, ponga su mira en el Cpccs, como ha ocurrido a lo largo de su existencia.
Así lo sostiene la abogada y politóloga Melania Carrión: "Sus integrantes siempre van a estar expuestos a la presión de los gobiernos de turno. Ya no se puede confiar en que sean actores de la ciudadanía, del activismo social o que nunca hayan militado en organizaciones políticas. Sentados en esos espacios se convierten en presa fácil de las presiones políticas del poder de turno o de los actores políticos de oposición que siempre intentan interferir en las decisiones del Consejo", analiza.
Carrión agrega que "no todo son presiones" en el Cpccs, también hay "seducciones" como "distribución de espacios de poder" que son más fáciles de ofrecer desde el Gobierno de turno. A esto le suma que la polarización correísmo-anticorreísmo puede provocar que en el Consejo haya álgidas confrontaciones políticas que entorpezcan aún más los concursos.
La inestabilidad en los consejeros de participación sigue latente
El Cpccs está integrado por siete consejeros. Su historia demuestra que se conforman mayorías de cuatro para tener facilidad en la aprobación de los reglamentos de los concursos, conformación de comisiones, veedurías y, por supuesto, las mismas designaciones.
El vigente Cpccs empezó con una mayoría correísta. Dichas mayorías han ido variando conforme se han ido dando las destituciones y censuras (Liga Azul y Juan Esteban Guarderas). A la fecha, el Consejo no logra asentarse, pues su Pleno aún corre el riesgo de modificarse y así nuevamente inclinar la balanza a favor de uno u otro interés político.
Andrés Fantoni y Nicole Bonifaz tienen procesos en el TCE. A Bonifaz hay que sumarle una observación de la Corte Constitucional y una investigación en curso por presunta asociación ilícita. Asimismo, Johanna Verdezoto enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea. También resta por definir un consejero principal: Óscar Ayerve o David Rosero.
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"No quiere decir que haber descorreizado el Consejo de Participación Ciudadana nos permita noboizar el Cpccs. Lo que debe pasar es que tengamos concursos transparentes, que las comisiones ciudadanas sean verdaderamente ciudadanas y que los representantes de las instituciones tengan los mejores perfiles", observa el abogado Santiago Becdach, excandidato al Parlamento Andino por Construye y quien impulsó la destitución de la Liga Azul.
Becdach confía en que los nuevos nombres que ahora conforman el Cpccs, como Gonzalo Albán, den cabida a mejores procesos de selección.
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Concursos de designación prácticamente en cero
La audiencia de formulación de cargos contra Verduga, Saltos, Franco fue el sábado
Como parte de las pruebas de la presunta asociación ilícita, el fiscal Wilson Toainga detalló algunos chats hallados en el celular del exconsejero Augusto Verduga. Esto fue durante la audiencia de formulación de cargos contra él, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la consejera Nicole Bonifaz, que se realizó el sábado 15 de marzo de 2025.
Contra los exconsejeros de la denominada Liga Azul y la consejera Bonifaz, el juez dispuso presentaciones periódicas desde el 31 de marzo y la prohibición de salida del país. El fiscal Toainga intervino por más de cuatro horas con la lectura de las conversaciones que aplicaciones como Signal, donde los procesados tenían otros sobrenombres: AN, Justiciero, Minerva, Jung Suh y MónicaErtl.
Este último usuario se le atribuye a Augusto Verduga, mientras que el Justiciero - según Fiscalía, era Eduardo Franco Loor. Él se conectó telemáticamente desde un hospital a la audiencia, donde en primera instancia, el fiscal había pedido arresto domiciliario, pero el juez negó ese pedido y dispuso las otras medidas.
La Fiscalía publicó en su cuenta de X un link para visualizar los archivos. Allí se develan algunas conversaciones que pondrían en evidencia los intentos de la Liga Azul para manipular el sistema judicial.
Por ejemplo, en uno de los chats, supuestamente los procesados hablaban para desconocer el nombramiento de Roberto Romero como superintendente de Bancos y nombrar a Raúl González en su lugar.
En la conversación, el usuario Mónica Ertl, atribuido por la Fiscalía a Verduga, mencionaba la importancia del respaldo de la Asamblea Nacional y que "VV no posesione al otro". Dijo que "sin la super de bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero. dinero del narco". "Es demasiado importante la super de bancos".
ncluso se menciona que por apoyar a Raúl González desde la Asamblea, supuestamente pedían cuatro cargos públicos en la Superintendencia de Compañías. Entre ellos, la dirección de trámites legales, la dirección de infraestructura, la de estudios y gestión y la subdirección de riesgos de lavado de activos.
Durante la audiencia, el fiscal Toainga también leyó conversaciones referentes a la destitución de los exconsejeros Verduga, Franco Loor y Saltos. Entre otras cosas, hablaban de recusar a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral durante ese proceso para dilatarlo.