Corte Constitucional califica 8 preguntas para consulta popular

La Corte Constitucional emitió dos sentencias de control en las que da paso a ocho preguntas plantadas por el presidente de la República, Guillermo Lasso, para la consulta popular.

En la Sentencia No. 4-22-RC/22A, la Corte realizó el control previo de seis preguntas de enmienda constitucional y sus considerandos introductorios.

Las preguntas se refieren a:

1) Extradición en delitos relacionados al crimen organizado internacional

2) Creación de un Consejo Fiscal

3) Reducción del número de asambleístas

4) Reducción de movimientos políticos

5) Inclusión de un subsistema de protección hídrica

6) Compensación por servicios ambientales.

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En la Sentencia No. 6-22-RC/22A, la Corte también realizó el control previo de dos preguntas y sus considerandos introductorios, que se refieren a:

1) La eliminación de la facultad de designación de autoridades que actualmente tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y nuevos mecanismos de designación de autoridades a cargo de la Asamblea Nacional

2) La modificación del mecanismo de elección de los consejeros del CPCCS.

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En ambas sentencias, la Corte verificó que, en su mayoría, los considerandos que introducen las preguntas cumplen los requisitos previstos en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Sin embargo, en ambas propuestas, la Corte modificó ciertas frases de de considerandos puntuales que podrían afectar la plena libertad de los electores y cuya eliminación no afectaba la secuencia lógica de la correspondiente propuesta.

Respecto de las preguntas, la Corte concluyó que estas cumplen los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley y garantizan la libertad de los electores, por lo que las declaró constitucionales.

¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías?

¿Está usted de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado, para que esta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal?

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¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios: 1 asambleísta por provincia y 1 asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes; 2 asambleístas nacionales por cada millón de habitantes; y 1 asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior?

¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral?

¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?

¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo?

¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público, llevado a cabo por la Asamblea Nacional?

​​​​​​​Todavía falta que la Corte se pronuncie sobre las últimas tres preguntas de consulta popular que el Ejecutivo planteó sobre temas de seguridad y de empleo.

Cuando tenga una respuesta, el presidente Lasso podrá emitir un decreto ejecutivo que convoque a elecciones. A partir de allí el Consejo Nacional Electoral (CNE) tendrá 15 días para convocar a las elecciones y otros 60 adicionales para realizar la consulta.