El correísmo presenta una nueva solicitud de juicio político contra la fiscal Diana Salazar

Actualizado a las 18:36 con la respuesta de Fiscalía

El asambleísta del correísmo, Héctor Valladarez, y sus coidearios ingresaron este martes 14 de mayo una nueva solicitud de juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, para que se una al proceso que se iniciará en los próximos días en la Comisión de Fiscalización.

Valladarez explicó que la solicitud se realiza por dos causales de incumplimiento de funciones de Salazar. La primera tiene que ver "con el encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos".

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Según argumentó el legislador, la UAFE, entre el 2019 y el 2022, emitió 97 alertas de potenciales casos de lavado de activos, de los cuales "la fiscal apenas procesó 12 de los casos e inició un juicio correspondiente".

La segunda causal hace referencia al caso Capaco, en contra de Carlos Pareja Cordero, a quien se lo investigó por presunto lavado de activos en 2016. El asambleísta Valladarez aseguró que hubo una inacción de Fiscalía que permitió que los bienes incautados regresen a Pareja Cordero.

Esta solicitud deberá pasar por la aprobación del CAL y de tener luz verde irá a la Comisión de Fiscalización para que se sustancie con el proceso de juicio político que estará en curso a finales de mayo o principios de junio.

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Reacción de Fiscalía

El Ministerio Público respondió que las declaraciones de Valladarez no tienen ningún sustento y que esta nueva solicitud de juicio político deja claro "que se priorizan intereses políticos partidistas (...) y que ante esa falta de entendimiento, su respuesta son ese tipo de acciones, propias de quienes buscan la impunidad".

Se explicó que, por ejemplo, el Trabajo de Fiscalía contra el lavado de activos ha sido reconocida a escala internacional. Además, la Unidad Antilavado de Activos tiene 32 causas en instrucción fiscal, siete en preparatoria de juicio, 23 en etapa de juicio y ocho en impugnación.

Respecto al caso Capaco se indicó que la investigación se remonta a la gestión de Galo Chiriboga. Se aseguró que la Fiscalía usó todos los recursos legales y fue la Corte Provincial de Guayas la que declaró nulo el proceso.