Correa será denunciado en España por plan de fuga de Pablo Romero
La denuncia la harán dos eurodiputados españoles del partido Vox.
El expresidente Rafael Correa podría afrontar una investigación en su contra, en España, por haber participado en el supuesto intento de fuga del ex secretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero.
La denuncia la harán dos eurodiputados españoles del partido Vox, quienes están en el Ecuador y presentaron públicamente la denuncia junto al activista político, Fernando Balda.
Balda presentó grabaciones de audio, chats y correos electrónicos que atribuye a Correa, Romero y varios de sus colaboradores, con lo cual intenta demostrar cómo se planificaba la operación de fuga del extitular de la Senain.
Los diputados españoles pedirán al gobierno ecuatoriano información para investigar a Correa en España.
Romero, extraditado desde España, arribó a Quito el pasado viernes 21 de febrero. Ahora, en territorio nacional, deberá responder ante la justicia por el supuesto secuestro de Balda durante el gobierno de Correa, también acusado en el caso.
En 2018, Romero ya había sido detenido por la policía atendiendo esta orden de extradición, pero entonces la justicia española lo dejó en libertad a la espera de resolver su entrega.
Balda acusa a Correa de ordenar su secuestro en Bogotá, donde cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil. La policía colombiana interceptó el vehículo y logró rescatarlo poco después del hecho.
Correa, quien vive en Bélgica -de donde proviene su esposa-, no puede ser juzgado en ausencia por el secuestro de su opositor. La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana solicitó una orden de difusión roja con fines de extradición contra el exmandatario, pero la Interpol rechazó el pedido en diciembre de 2018.
El expresidente también enfrenta un juicio por el supuesto financiamiento de empresas privadas a su campaña electoral de 2013 a cambio de contratos con el Estado. Por este último caso, el exmandatario está siendo juzgado en ausencia y podría recibir una pena de hasta tres años de cárcel.