Consulta popular 2024 | ¿Qué significa el arbitraje internacional?
El referéndum convocado por el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene entre sus preguntas más relevantes la posibilidad de que Ecuador vuelva a aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción, con el propósito de dar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones extranjeras, que han decaído en los últimos años.
Desde que comenzó a regir la Constitución de 2008, aprobada durante la Administración de Rafael Correa (2007-2017), Ecuador solo reconoce arbitrajes en Latinoamérica.
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Al excluir el resto de naciones, el país se encuentra fuera del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), una institución del Banco Mundial (BM) con sede en Washington que se ha constituido como la principal entidad a nivel global para resolver controversias entre los Estados y las inversiones extranjeras.
Bajo el actual marco constitucional, Ecuador registraba hasta finales de 2023 un total de 86 litigios activos, según la Procuraduría General del Estado (PGE), en asuntos como de materia tributaria, contratación, hidrocarburos, medio ambiente, infraestructura pública y electricidad.
Opciones abiertas
Que Ecuador esté abierto a arbitrajes internacionales pudiera desencadenar en fallos contra el Estado, que podría estar obligado a pagar millonarias indemnizaciones, como ya ocurrió en 2019, cuando un tribunal arbitral determinó que Ecuador debía compensar a la petrolera francesa Perenco con 471 millones de dólares, menos una contraindeminzación de 60 millones por daños ambientales.
En contraparte, también pudieran existir resultados positivos para Ecuador, como el arbitraje contra la firma estadounidense de servicios petroleros Worley, donde evitó un pago de 198 millones de dólares que demandaba la empresa.
De hecho, un tribunal arbitral de Estados Unidos determinó que la empresa pague más de USD 6 millones al Estado "por los honorarios y costos causados" en el proceso.
Para el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, es "saludable" y "conveniente" ampliar las jurisdicciones para celebrar arbitrajes internacionales externos, con el objetivo de "viabilizar proyectos que por esa razón no han estado viniendo a Ecuador".
El economista también lo ve como una salida "mientras el proceso de depuración del sistema judicial ecuatoriano mejore en el tiempo" y genere confianza para los inversores.
"No podemos perder opciones de inversión", señaló Pozo, quien cree los arbitrajes no van a solucionar por sí solos la llegada de inversión, ya que depende también de una estabilidad tributaria y de flexibilizar la contratación laboral, como también se propone en la consulta con los contratos por horas.
El exministro apuntó que algunos de los arbitrajes perdidos por Ecuador se deben a que el Gobierno politizó los casos, como con las petroleras Occidental y Chevron.
Asimismo, indicó que los planteamientos del Gobierno "van por la dirección correcta" para revertir la caída en la llegada de inversión directa extranjera, que el año pasado registró unos 380 millones de dólares, un 0,25 % del producto interior bruto (PIB), "cuando los países vecinos tienen el 4 % o el 5 % de su PIB".
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¿Favoritismo con empresas?
No obstante, Pablo Iturralde, del Centro de Derechos Económicos y Sociales, sostiene que "los arbitrajes internacionales tienden siempre a favorecer a las grandes corporaciones (porque) son tribunales fuera del país que no están sostenidos a una estructura de Estado, sino que son jurisdicciones privadas (...), que normalmente están a la espera siempre de las corporaciones".
"En la larga historia de arbitrajes que tiene Ecuador, el 87 % de las veces se ha fallado a favor de las corporaciones y eso tiene un costo enorme para el país", aseveró Iturralde.
El especialista mostró desconfianza en el Ciadi al afirmar que EE.UU. tiene un peso preponderante en su manejo. Considera que se debería implementar "un marco jurídico de inversión que sea justo y equitativo para ambas partes".
"Por ejemplo, Brasil ha encontrado otros mecanismos que incluye combinar los dos jurisdicciones", dijo Iturralde, que abogó por replicarlo en Ecuador, pues señaló que bajo ese esquema Brasil ha demostrado que se puede recibir mucha inversión extranjera.