Consulta Popular 2024: al menos cinco preguntas de las 11 preguntas ya cuentan con normas legales
En su consulta popular de Ecuador, el presidente Daniel Noboa plantea hacer reformas legales para apoyar a la seguridad del país. Pero al menos cinco de las 11 preguntas que plantea ya tienen normas vigentes.
La primera pregunta propone permitir que las Fuerzas Armadas actúen para prevenir y erradicar actividades criminales.
El anexo no establece las reformas legales a aprobar, pero la ley de seguridad pública, en su artículo 11, contempla que los militares actuarán para recuperar y mantener la seguridad pública en las zonas donde la capacidad del estado se vea disminuida.
Lo mismo pasa con la segunda pregunta que propone que las Fuerzas Armadas realicen control de armas y municiones en los ingresos a los Centros de Rehabilitación.
Ese control es potestad exclusiva de las Fuerzas Armadas. El artículo 26 de la ley de seguridad pública es específico en que los militares realizarán los operativos de control de armas en los ingresos e inmediaciones de los centros de rehabilitación.
La pregunta tres busca que los uniformados que sean denunciados por haber hecho uso de sus armas letales no sean encarcelados mientras son investigados.
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Esta disposición está vigente en el artículo 54 de la ley de uso legítimo de la fuerza que obliga a los jueces a aplicar medidas sustitutivas a la prisión preventiva para que los uniformados se defiendan en libertad.
La pregunta siete propone que las armas incautadas a la delincuencia sean entregadas a las fuerzas del orden.
Este tema no está contemplado en la ley, pero sí consta en una resolución aprobada por la Corte Nacional de Justicia que precisa el mecanismo que deben seguir los jueces en una audiencia, para declarar de utilidad pública las armas incautadas.
La pregunta ocho busca que los servidores judiciales sean evaluados y esa evaluación incluya sus declaraciones patrimoniales.
El anexo habla de jueces y juezas, pero no determina cómo se harán esas auditorías ni si serán permanentes y tampoco explica la reforma que se deberá realizar.
Actualmente, el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de evaluar periódicamente a los jueces. Y es potestad de la Contraloría evaluar las declaraciones juramentadas de los servidores públicos, entre ellos los jueces.