Consejo de Participación no elige al presidente de la Judicatura y devuelve la cuarta terna enviada por la Corte Nacional de Justicia
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no pudo designar este lunes, 2 de enero, a quien será el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.
Los vocales de mayoría del organismo no consiguieron acuerdos para elegir a uno de los integrantes de la terna que fue remitida por la Corte Nacional de Justicia, listado que estaba integrado por los jueces Wilman Terán, Mercedes Caicedo y Luis Rivera.
Los integrantes de la terna enviada por la Corte Nacional para elegir al representante ante el Consejo de la Judicatura expusieron sus planes de trabajo el 1 de enero de 2023, en pleno feriado, como paso previo a la selección.
Pero ante la falta de un acuerdo, los miembros de la mayoría del CPCCS devolvieron una vez más la terna a la Corte en espera de que esta remita un nuevo listado para la nominación.
CUATRO TERNAS, NINGUNA ELECCIÓN
Esta fue la cuarta terna que la Corte Nacional de Justicia envió al CPCCS para la elección del presidente de la Judicatura, pero ninguna ha prosperado y avanzado al nombramiento de dicha autoridad.
Con ello ya va para un año sin que el Consejo de la Judicatura tenga una presidencia oficializada, solo hay encargos.
Para Ángel Orna, secretario de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador (Fenae), que no exista un presidente legítimo es también un motivo para "el uso y abuso de las garantías jurisdiccionales, de las medidas cautelares, porque los jueces están actuando de manera corrupta, porque no hay el ente que garantice el control disciplinario".
En diciembre pasado el gremio de abogados envió un comunicado al CPCCS en el que mostró su preocupación porque el Consejo de la Judicatura "está anquilosado y acéfalo".
La indecisión sobre quién debe presidir la Judicatura ocurre tras un año de pugnas internas entre los consejeros de Participación con alcances partidistas en la Asamblea Nacional, donde se intentó destituir a una mayoría sin que existiera un informe que recomiende aquello.
Por eso intervino la justicia y restituyó en sus cargos al presidente Hernán Ulloa y los consejeros Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.
La mayoría en la Asamblea, compuesta por el correísmo y el PSC, posecionaron a los suplentes, pero no pudieron ocupar los cargos de titulares, pues según la justicia, no hay vacantes que llenar.