¿Cómo procederá la evaluación a Guadalupe Llori en los próximos 35 días?
La evaluación a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, debería centrarse en dos razones: el incumplimiento a la apelación de la presidencia y respecto a la no reinstalación de las sesiones 766 y 759 en el plazo de 30 días. Cualquier otro reparo contra la titular del Legislativo no podría ser abordado por la comisión ad hoc.
Siguiendo la resolución aprobada por el Pleno, con 81 votos favorables, la comisión tiene por objetivo tramitar la denuncia del asambleísta Esteban Torres (PSC) que incluye únicamente esos dos aspectos.
El trámite para la evaluación de Llori se iniciará con la elección del presidente de la comisión, después conocerán la sustentación de la denuncia, recibirán a la Presidenta para que exponga sus argumentos de defensa y, después de 35 días, emitirán un informe que determine si hubo o no incumplimiento de funciones. Sin embargo, el futuro de la Presidenta está en manos del Pleno. Después de cinco días de presentado el informe, Llori debería incluir su destitución en el debate.
Libia Rivas, directora del Instituto de Estudios Legislativos, compara este proceso de evaluación con el mecanismo aplicado ante juicios políticos. En ambos casos se debe probar que existió incumplimiento de funciones y las pruebas deben demostrarlo.
La denuncia de Torres incluye 13 ítems en la sección de pruebas: las desmaterializaciones de las sesiones en cuestión, la resolución relacionada a actividades presenciales y semipresenciales, notas de prensa. Además, sugiere que se pida al Secretario General que constate el tiempo transcurrido desde la última instalación del Pleno de las sesiones 766 y 759; por otro lado, el legislador del Partido Social Cristiano pide ser recibido en la comisión para que se recepte su versión.
Rivas dice que la investigación debe seguir el debido proceso. Uno de los miembros de la comisión, Pedro Zapata (PSC), asegura que así van a proceder, “sin fines políticos”.
Sin embargo, el analista polítco Giuseppe Cabrera dice que la evaluación de Llori tiene intereses políticos, porque de su salida depende la estabilidad del Gobierno. A su criterio, si Saquicela no asume la presidencia, el principal interesado en ocupar este lugar sería la bancada correísta UNES.
Los asambleístas Pamela Aguirre (UNES), Peter Calo (“rebelde” de Pachakutik), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (independiente) sesionarán oficialmente cuando reciban la notificación de la resolución de ayer. Sin embargo, la tarde de este 27 de abril de 2022 se reunirán de manera informal para “empezar a hablar sobre los detalles”, según le dijo Zapata a Ecuavisa.com.
Y sí tienen asuntos que delimitar. Por ejemplo, la asambleísta Pamela Aguirre dijo, en declaraciones a la prensa, que la evaluación es a todos los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), cuando la denuncia es directamente contra Llori.
Una eventual evaluación a todos los miembros del CAL cabe únicamente si se mocionara esa opción ante el pleno en una futura sesión. De acuerdo a Libia Rivas si esto llegara a suceder, sería incierto la sucesión de Llori; caso contrario el vicepresidente Virgilio Saquicela reemplazaría a la Presidenta.