Agenda de Fiscalización: el juicio político a la Fiscal se tramitaría a finales del 2024

Una de las funciones de la Asamblea Nacional es la fiscalización, tras seis meses sin nadie a cargo de controlar a las demás funciones del Estado, se afina la agenda de evaluación que incluye a exministros y actuales funcionarios.

En solo 19 días ya se han planteado tres juicios políticos nuevos, de manera formal, y otro está por entregarse. A esos se añaden cuatro que quedaron pendientes el periodo anterior y las comparecencias
de representantes del sector eléctrico por la crisis energética.

El ofrecimiento del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, es que los juicios se despachen conforme fueron entregados al Consejo de Administración Legislativa (CAL), tal como indica la norma. Es así que juicios de relevancia como el de la Fiscal Diana Salazar se tramitarían recién a finales del próximo año.

Los juicios a la fiscal Diana Salazar y a los miembros de la Judicatura pondrán en vilo el acuerdo legislativo

El acuerdo que incluye al Partido Social Cristiano, correísmo y oficialismo marcha bien por ahora. Tuvo un éxito rotundo en la designación de las principales autoridades y conformación de las comisiones.

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Sin embargo, el punto crítico es la agenda de fiscalización que impulsa cada bancada legislativa y que no se puede priorizar un juicio sobre otro.

Por ejemplo, el caso de la fiscal Diana Salazar es uno de los enjuiciamientos que más tensiones genera, por la relevancia de su cargo. La única bancada que defiende a capa y espada el proceso de control político es la Revolución Ciudadana, cuyo líder, Rafael Correa, cree que hay más de una causal para destituir y censurar a la funcionaria.

En la mesa de Fiscalización hay cuatro integrantes de esa bancada.

Sin embargo, para llegar a tramitar ese procedimiento primero tienen que abordarse los que quedaron pendientes del periodo anterior y los otros dos que ingresaron antes al CAL.

En 2021, asambleístas de Pachakutik acusaron a los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) de incumplimiento de funciones por no haber revisado supuestas inconsistencias en las elecciones generales de ese año.

Actualmente, hay interés de algunos miembros de Construye y otros independientes de impulsar el enjuiciamiento contra el CNE, por las fallas en las votaciones del exterior en 2023.

Otra solicitud pendiente es contra el exministro del Interior, Patricio Carrillo; exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez; y exministra de la Mujer, Paola Flores. En ese caso se habla de varias razones, una de ellas el femicidio de María Belén Bernal, la crisis carcelaria y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes.

También existen dos procesos en contra del exministro de Transporte, Darío Herrera, por la vialidad del país. Y uno adicional contra el exministro de Inclusión, Esteban Bernal, por exclusión de ciudadanos de los bonos sociales.

Ya en esta legislatura, la asambleísta de ADN, Nicole Saca, presentó las firmas de respaldo para iniciar el juicio contra el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, por la crisis energética; y Carlos Vera, del Partido Social Cristiano, entregó una solicitud contra el exministro del Interior, Juan Zapata, por la crisis de inseguridad.

Recién, luego de despachar todos esos trámites, sería el turno del pedido contra la fiscal Salazar.

Este sería el orden:

Contra los vocales del Consejo de la Judicatura, el Partido Social Cristiano (PSC) emitió un comunicado indicando que respaldarán la iniciativa de Construye de iniciar un juicio político contra los consejeros: Wilman Terán, Xavier Muñoz y Maribel Barreno. Con ese apoyo se completarían las 35 firmas requeridas por ley y se pondría a la cola luego del de la fiscal Salazar.

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Cada trámite dura alrededor de dos meses porque se debe garantizar las comparecencias de las partes en la Comisión de Fiscalización y luego el debate respectivo en el Pleno de la Asamblea. Es decir, recién para 2025 se tendría concreciones sobre los últimos dos de la lista, a puertas de que Salazar deje el cargo, en abril de ese año.

Los primeros juicios, relacionadas con exfuncionarios del gobierno de Lasso, son más probables que tengan consensos; mientras que en el de la Fiscal y la Judicatura hay un tinte político particular que dificultaría el trámite y pondría a prueba el acuerdo político.

La Comisión de Fiscalización ha priorizado la crisis energética

Aunque el CAL todavía no aprueba el pedido de juicio contra Santos Alvite, la agenda de la Comisión ya se ha volcado por completo al tema energético.

Recibieron a las actuales autoridades para que den cuenta de la situación actual y han pedido la comparecencia del ministro saliente en reiteradas ocasiones.

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Esa labor de fiscalización, y si se presentan otras de ese tipo en el camino, retrasaría los demás juicios que están a la cola.