El caso Nene se envió a la Corte Nacional de Justicia y Verónica Abad puede ser procesada
La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, está a un paso de ser procesada penalmente en el caso Nene, donde se investiga un presunto delito de oferta para realizar tráfico de influencias. Según el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), este hecho se castiga hasta con cinco años de cárcel.
El proceso penal ya se envió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) luego que la magistrada María Fernanda Castro, de la Unidad Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, quien llevaba el caso, se inhibió de continuar con el mismo por el fuero que tiene Abad debido a su alto cargo.
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De esta forma, Castro atendió la petición que horas antes le hizo el fiscal Carlos Alarcón, quien también se inhibió y remitió la causa a su superior, la fiscal general Diana Salazar.
En el documento, Alarcón justifica su decisión con base en 13 elementos de convicción encontrados en la investigación contra Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta y principal implicado en este caso.
En la lista, el fiscal cita las versiones rendidas por siete funcionarios y exfuncionarios de la Vicepresidencia. Uno de ellos fue secretario general del organismo. Él dijo que fue Verónica Abad quien ordenó contratar a Rommel Pérez como coordinador de Comunicación.
Pérez es el denunciante en este caso. Es un bachiller que accedió a un cargo con un sueldo de 3 200 dólares. Él acusa a Barreiro y a Abad de quitarles 1 700 dólares para poder conservar su empleo.
De las otras versiones no se da detalles.
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Asimismo, el fiscal menciona un oficio de la Policía Nacional que detalla el registro de llamadas telefónicas que mantuvo la vicepresidenta con el denunciante.
Los demás elementos son solamente oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana referentes a las funciones que desempeña Abad en Israel y sus movimientos migratorios.