De los 37 procesados en el caso Metástasis, 33 son acusados por Fiscalía en calidad de cómplices y cuatro en calidad de líderes de una organización criminal.
La Fiscalía General del Estado emitió su dictamen acusatorio en contra de los 37 procesados en el caso Metástasis durante la audiencia que se desarrolla desde la mañana de este miércoles 11 de septiembre en el octavo piso del edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ubicado en el norte de Quito.
A cuatro de ellos los identificó como los cabecillas de una estructura criminal vinculada con el narcotraficante Leandro Norero. Ellos son: Fabián C.; Cristian Romero; Xavier Jordán y Xavier Novillo. Mientras que para los otros 33, el Ministerio Público los señala de cómplices en el presunto delito de delincuencia organizada.
A las 17:20 la audiencia terminó y continuará desde las 08:30 del jueves 12 de septiembre para seguir con la intervención de la FGE y las defensas de los procesados.
Esto detalla la Fiscalía de cada acusado:
Ronny Aleaga: su labor habría sido hacer una contención política sobre las denuncias públicas realizadas por Fernando Villavicencio. Wilman Terán: su rol habría sido el de facilitar la compra de decisiones judiciales de magistrados nacionales. Xavier Jordán: según Fiscalía, habría sido miembro de la cúpula criminal que ponía a disposición sus recursos materiales para cumplir con los planes de Leandro Norero Tigua. Xavier Novillo: habría sido el artífice principal de la coordinación de la red de influencias con el poder judicial. Cristian Romero: supuestamente fue el planificador y gestor de la red delictiva con fraudes procesales, oferta de tráfico de influencias y cohechos en el sistema judicial. Fabián C.: habría sido el brazo operacional económico financiero de la organización. Marcel L.: presunto operador financiero de la cúpula criminal, quien era denominado El Joyero. Ronald Guerrero: como juez del Guayas, habría permanecido en la emisión de resoluciones judiciales en beneficios de los procesados, a cambio de dinero. Johann Marfetán: su rol como presunto colaborador, habría realizado acciones para que se conforme un tribunal afín a los intereses de la organización. Glenda O: sus acciones tendrían relación con el cambio de una medida cautelar en beneficio de Leandro Norero. Santiago Z., integrante de un Tribunal que habría beneficiado a la hermana de Leandro Norero, a cambio de beneficios económicos. José S., integrante de un Tribunal que habría beneficiado a la hermana de Leandro Norero (+), a cambio de beneficios económicos. Carlos Z: como presidente de la Corte de Justicia de Manabí, habría generado escenarios idóneos en beneficio de la organización. María V: como fiscal provincial de Guayas, habría brindado asesoramiento y apoyo en diversos procesos judiciales en contra de Leandro Norero. María A: en su calidad de agente fiscal, habría cambiado el tipo penal en una causa contra Leandro Norero para beneficiarlo. John C: habría asesorado a Leonardo Norero para dilatar la realización de audiencias. Víctor A: agente fiscal que habría filtrado información importante al líder de la organización sobre operativos y acciones de Fiscalía. Doris O: como agente de la DILAT habría manipulado elementos de convicción en un proceso de investigación, para beneficiar a Leandro Norero. Armando R: agente policial que habría facilitado contactos y dinero para obtener impunidad en-caso de lavado de activos contra Leandro Norero. Ángel L: agente investigador que habría proporcionado información reservada sobre operativos para que los integrantes de la organización eludan la acción policial. Fernando G: habría brindado apoyo en seguridad para salvaguardar los bienes muebles del líder de la organización. Edinn I: habría brindado apoyo en seguridad para salvaguardar los bienes muebles del líder de la organización. Pablo Romero: exdirector del SNAl, habría facilitado el traslado de personas privadas de la libertad a diferentes centros de rehabilitación a modo de favores a Leandro Norero. Carlos M: habría facilitado el ingreso de artículos prohibidos para brindar privilegios a Leandro Norero. Katherine G: guía penitenciaria que habría recibido dinero a cambio de obtener privilegios para los integrantes del grupo criminal. Claudia Garzón: exintegrante de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, habría gestionado la obtención de comodidades penitenciarias para Leandro Norero. Myrian D: exintegrante de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación, quien habría gestionado comodidades al procesado Leandro Norero. Armando F: abogado que habría servido de testaferro para los bienes de Leandro Norero (+) y habría brindado asesoramiento legal en el proceso de lavado de activos. Kevin P: abogado en libre ejercicio, habría viabilizado la compra de la justicia y fraudes procesales a favor de los integrantes de la organización. Sofía G: abogada que habría colaborado con la finalidad de viabilizar la entrega de sobornos a jueces que debían fallar a favor de Leandro Norero. César A: abogado en libre ejercicio, quien habría recibido pagos para dos jueces en su cuenta bancaria. Braulio M: habría fingido ser recadero de Leandro Norero para gestionar la entrega de sobornos. Ángel Lindao: expolicía quien habría sido el encargado de dar seguimiento a la agente fiscal a cargo del expediente de lavado de activos contra Leandro Norero. Jairo V: habría facilitado la entrega de sobornos específicamente al juez Emerson Curipallo a cambio de la libertad de alias Cuyuyuy y Madrid. Elio A: habría colaborado con la estructura desde el centro carcelario donde estaba recluido. Eduardo R: socio y accionista de una empresa de seguridad que le habría permitido colaborar financieramente con la organización criminal. Rommel T: abogado en libre ejercicio que habría tenido nexos directos con Cristian R. LEA: 31 casos de la Fiscalía salpican a grupos políticos: desde el correísmo y el PSC hasta el lassismo
Juez valida lo actuado en el caso Metástasis
El pasado 16 de agosto, la diligencia se suspendió hasta resolver los pedidos de nulidad de los 37 procesados. El juez Manuel Cabrera Esquivel reinstaló la audiencia este miércoles y declaró la validez de lo actuado durante el proceso.
Cabrera no aceptó los cuestionamientos de los procesados respecto a la competencia para continuar con el tratamiento del caso. En ese sentido, dijo que no existe una causal clara para que se excusen. "Es la Ley la que faculta mi intervención en el conocimiento de la causa".
Manifestó que la mayoría pedidos carecían de argumentos sólidos sobre posibles vicios de procedimiento. Con relación a las quejas de que la Fiscalía General no habría permitido la defensa, Cabrera dijo que no se evidenciaron vicios o fallas. A su juicio, la información levantada por el Ministerio Público sí cumplió con las normas legales y se respetaron las reglas del debido proceso.
En su intervención, el fiscal subrogante, Wilson Toainga, detalló el nivel de participación de cada uno de los procesados.
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