Caso Metástasis: el correísmo asume como un golpe político las acciones de la Fiscalía
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar se refirió al expresidente Rafael Correa y dijo que si son solo 31 y no 38 los detenidos, es porque él alteró del operativo horas antes de que ocurriera.
Sus primeras afirmaciones decían que los allanamientos y las detenciones tenían como intención detener el concurso de jueces que lleva adelante el Consejo de la Judicatura, pero a medida que pasan las horas tratan de ponerse más conceptuales.
No engañan a nadie, decía Correa. "Solo en Ecuador prensa y políticos apátridas pueden justificar la destrucción que está haciendo para seguir controlando el país desde la justicia", comentó. Y menciona a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la que renegaba cuando estaba en el poder, a la ONU y hasta al Papa Francisco.
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La excandidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana, Luisa González, prefiere caminar por los bordes y ante la actuación de la Fiscalía solo atina a preguntarle a la Fiscal que si tanto le preocupaba el narcotráfico, ¿Por qué se mandó a esconder el informe de León de Troya?.
Su compañero de fórmula, Andrés Arauz, ni eso, solo reposteó una publicación de una organización que lleva por nombre Centro de Investigaciones Políticas y Económicas que señala que "ante un posible juicio político, la Fiscal General de Ecuador hizo arrestar a la persona encargada de supervisar su oficina".
Para este centro de investigaciones, así lo dicen, la detención de Terán es una acción más contra el movimiento político de izquierda más popular del país. Por cierto, uno de los integrantes es del Buró de esta ONG es el excanciller correísta, Guillaume Long.
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Y uno más, no podía faltar el pronunciamiento del Grupo de Puebla: caja de resonancia de quienes ayer eran socialistas del siglo XXI y hoy se proclaman progresistas. Ellos dicen que el caso Metástasis es el inicio de una persecución anormal hacia jueces.
Seguramente porque persecuciones normales son las que hacían ellos cuando detentaban el poder, y añaden que se ha asestado un golpe político a la función judicial.
Nada dicen sobre las pruebas de cómo el narcotráfico permeó a la justicia en el Ecuador. Por el contrario, se lo toman personal y no aclaran seguramente porque no lo consideran necesario, el ¿por qué?