Asambleístas defienden alza salarial a los maestros. Dicen que se puede financiar con excedentes del petróleo o con la recaudación de impuestos
Los legisladores que aprobaron el incremento salarial para los docentes a través de la reforma a la Ley de Educación defienden que su decisión, contrario a lo que indica el Ejecutivo, sí tiene financiamiento.
Al mismo tiempo los maestros advierten con movilizaciones a nivel nacional si el presidente Guillermo Lasso veta lo decidido por la Asamblea y no permite el aumento.
A la comisión de Educación de la Asamblea le molestó que el Presidente de la República los acuse de aprobar un incremento salarial a los maestros sin financiamiento. Más aún cuando, afirman, a pesar de los pedidos para encontrar una salida, ni el Ministro de Finanzas ni sus delegados comparecieron.
“Por decisión de ellos no mantuvimos reuniones de trabajo para llegar a encuentros”, dijo este miércoles, 16 de marzo, el presidente de la comisión, Manuel Medina.
Él asegura que hay dos vías por donde se puede financiar el incremento que esperan los profesores: los excedentes del precio del petróleo o los impuestos.
“El costo del (barril de) petróleo en el Presupuesto General del Estado se fijó en $ 59,20 y hoy sobrepasa los $ 120”, recordó Medina.
Pero esto significa financiar gastos permanentes con ingresos no permanentes, lo que no se puede hacer.
Otra alternativa, dijo el asambleísta, es la recaudación producto de la reforma tributaria. “Para este año van a estar en la caja fiscal más de $ 800 millones”.
Sea como sea, el presidente Lasso debe hallar una salida, dijo. Y en eso coinciden los maestros, que advierten lo que pasaría si el mandatario no ratifica el proyecto de reforma y veta la Ley.
“Nosotros estamos preparando movilizaciones a nivel nacional con 15 gremios”, aseguró Cristhian Veloz, presidente de la Asociación de Profesionales de la Educación.
El Ministerio de Finanzas le informó a los miembros de la Comisión de Educación de la Asamblea que el gasto por este incremento salarial que aprobaron llegaría a los $ 2.175 millones, pero los legisladores afirman que solo son $ 630 millones.
Esta norma nace de una sentencia de la Corte Constitucional sobre esa misma reforma realizada por la anterior Asamblea. En esa se disponía que cualquier decisión legislativa debe tener financiamiento. Los asambleístas aseguran que cumplieron; el Gobierno dice que no.