La Fiscalía pidió una pena de nueve meses y seis días de cárcel contra Xavier Muñoz por presunta obstrucción de la justicia

La audiencia de procedimiento abreviado por presunta obstrucción de la justicia a la que se acogió el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), Xavier Muñoz, se realizó en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), ante el juez Julio Inga.

La diligencia comenzó a las 16:00 de este martes 18 de junio de 2024 e intervino la fiscal general, Diana Salazar Méndez. A las 16:20, se admitió a trámite la audiencia de procedimiento abreviado y la funcionaria expuso los detalles de la investigación.

Con esta figura, Muñoz busca reducir la pena por su responsabilidad en el delito de obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial. Al inicio se habló que le correspondería una pena de nueve años y cuatro meses como autor, pero al llegar a un primer acuerdo con la fiscal, ella pidió siete años y ocho meses como pena reducida.

Sin embargo, cuando terminó su intervención, Salazar le informó al juez que adicionalmente llegó a otro convenio de cooperación con Muñoz porque la información proporcionada por el exvocal del CJ fue eficaz. Le entregó al juez toda la documentación reservada, lo cual sirvió como prueba y se verificó que los datos entregados por Muñoz sirvieron para abrir nuevas causas.

Con esto, la pena final que Salazar pidió para Muñoz fue de nueve meses y seis días de prisión. Al momento, él lleva más de cinco meses en la Cárcel 4 de Quito, por lo que recuperará la libertad en aproximadamente tres meses.

Según la Fiscalía, Muñoz, Terán y Barreno son autores directos de obstrucción de la justicia, con base en el artículo 270.1, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Según la Fiscalía, la investigación en este caso inició en 2022, por el presunto tráfico de influencias contra los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por la que se solicitó fecha para la formulación de cargos ante la CNJ.

Luego del sorteo, la competencia para tramitar dicha causa recayó en el juez Walter Macías Fernández, quien señaló la audiencia para el 4 de mayo de 2023, pero no se instaló, debido a que un día antes (3 de mayo), Barreno presentó una demanda de recusación en su contra.

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Luego, el 11 de mayo de 2023, los integrantes del pleno del CJ suspendieron de sus funciones a Macías, amparados en los informes técnicos y memorandos emitidos por sus subalternos, a pesar de que –horas antes– la demanda de recusación fue rechazada.

El 8 de marzo de 2023 se presentó una denuncia administrativa en contra del juez, en el marco del denominado caso Las Torres, por una supuesta infracción al no haber informado al presidente de la Corte Nacional la demanda de recusación en contra del juez Adrián Rojas (juez del Tribunal de dicha causa) y la emisión de la sentencia oral cuando se encontraba suspendida la competencia de este último, sin que la sentencia del juicio de recusación se encuentre ejecutoriada.

El Consejo de la Judicatura calificó a esta denuncia administrativa como infracción gravísima y destituyó al juez Macías. Esa decisión fue tomada con dos votos favorables de los cinco posibles –correspondientes a los vocales (5) que conforman el Pleno– en una sesión marcada por irregularidades, según explicó Fiscalía.

El juez declaró reservada la diligencia en la que se conocieron detalles de la cooperación eficaz y suspendió la audiencia de procedimiento abreviado. Además, convocó a las partes procesales para informar su resolución, a las 12:00 del próximo jueves.

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