La audiencia de juicio del caso Pruebas PCR Quito se reinstaló este 28 de febrero
La audiencia de juicio contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por presunto peculado se reinstaló, la mañana de este miércoles 28 de febrero de 2024, en la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
La Fiscalía General continúa presentando sus pruebas durante la diligencia. En este caso, se investigó las presuntas irregularidades en el contrato de USD 4,2 millones, firmado entre el Municipio de la capital y la empresa SALUMED S.A. Fue suscrito el 16 de abril de 2020 para la adquisición de 100 000 pruebas PCR para detectar el covid-19.
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Inconsistencias en el cumplimiento del contrato
En julio de 2022, la Contraloría General del Estado (CGE) confirmó una glosa solidaria por USD 2 500 000 para exfuncionarios de la Secretaría de Salud del Municipio y la empresa proveedora de las pruebas, que solo entregó 88 500 kits.
De acuerdo al examen especial, los reactivos no cumplieron con las especificaciones técnicas establecidas en las cláusulas del contrato, originando un perjuicio económico al Estado por el monto de la glosa.
En el desarrollo del examen especial, que derivó en la responsabilidad civil, el equipo de auditores solicitó un informe especializado a la Unidad Técnica de Genética y Molecular, del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.
#AHORA | Caso #PruebasPCRQuito: se reinstala la audiencia de juicio contra el exalcalde de #Quito, Jorge Y., y 13 personas más por presunto #peculado. #FiscalíaEc continúa presentando su prueba ante la Sala de la Corte Provincial de Justicia de #Pichincha. pic.twitter.com/O3U6yuv5cS
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 28, 2024
El documento señala que la alcaldía no recibió los reactivos tipo PCR (reacción en cadena de la polimerasa), sino tipo LAMP, advirtiendo que esta técnica no posee una especificidad y sensibilidad del 99% al 100%, característica estipulada contractualmente.
Durante la acción de control se identificó que en julio de 2020 se suscribió, sin sustento técnico ni legal, el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato, a pesar de que la contratista entregó 88 500 kits, de los 100 000 contratados.
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