La audiencia del caso Vocales no se instaló en su segundo intento; se difiere para el 26 de agosto

Maribel Barreno, Juan José Morillo y Vladimir Jhayya son acusados de confabular para que Guadalupe Llori se quede con la presidencia de la Asamblea Nacional, mediante una acción de protección que había presentado.
La fiscal Diana Salazar acudió a la audiencia de juicio.()
21 ago 2024 , 10:02
Redacción

Nuevamente, la audiencia de juicio por presunto tráfico de influencias en el caso Vocales, no se instaló. El tribunal aceptó el pedido de la defensa del procesado, Vladimir Jhayya, expresidente de la Corte de Justicia de Pichincha, y la aplazó por segunda ocasión, esta vez para las 14:00 del lunes, 26 de agosto de 2024.

La Fiscalía compartió la decisión de los jueces mediante sus redes sociales, además de fotografías que daban cuenta de la presencia de la fiscal general, Diana Salazar, en la sala de audiencias.

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Con el aplazamiento, tanto Jhayya como Los exvocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, deberán esperar para conocer el veredicto del caso en el que son acusados de confabular para que Guadalupe Llori se quede con la presidencia de la Asamblea Nacional, mediante una acción de protección que había presentado.

El presunto delito se habría cometido el 2 de junio de 2022.

Guillermo Lasso, Viviana Veloz, Pamela Aguirre, entre los testigos convocados

Entre los testigos convocados está el expresidente de la República Guillermo Lasso. En el audio se escucha a Juan José Morillo decir que fue un pedido del entonces Mandatario. También rendirán testimonio los asambleístas Viviana Veloz, Pamela Aguirre, el exlegislador Ricardo Vanegas, el expresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela y su primo, Iván Saquicela.

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Concluida la audiencia de juicio y la deliberación, el Tribunal informará si los declara culpables o inocentes. Se exponen a una pena de tres a cinco años de prisión.

El caso Vocales fue uno de los procesos por los que el Consejo de la Judicatura, dirigido por Wilman Terán, destituyó ilegalmente al juez nacional Walter Macías, quien luego volvió a su cargo por orden constitucional, aceptó la acusación fiscal y los llamó a juicio.

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