Juez Felipe Córdova dictó prisión preventiva contra Jorge Glas y Carlos Bernal por el caso Reconstrucción de Manabí

La audiencia de formulación de cargos, por el caso Reconstrucción de Manabí, finalmente se instaló desde las 08:30 de este viernes 5 de enero de 2024. Se trata del cuarto intento para llevar a juicio al exvicepresidente Jorge Glas, por su presunta participación en el delito de peculado.

Al final de la diligencia, que duró más de seis horas, el juez Luis Rivera dictó prisión preventiva para Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción.

A Pablo Ortiz, ex gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, le dispusieron la prohibición de salida del país y presentación periódica.

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Según la Fiscalía, el magistrado convocó a esta audiencia por su insistencia, un día después que en la Asamblea Nacional no se aprobara el enjuiciamiento penal contra Glas, una atribución que ya no les competía de acuerdo a la Constitución.

Glas fue presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. No obstante, la Fiscalía sostiene que USD 90 millones que estaban destinados para ese fin fueron ocupados en proyectos que no tenían la condición de urgentes.

"Eran proyectos que estaban en el escritorio de Jorge Glas y que aprovechó para construir a dedo", dijo Salazar.

Carlos Bernal y Pablo Ortiz también son procesados al haber ocupado los cargos de secretario del Comité de Reconstrucción, y gerente general de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, respectivamente.

La Fiscal pidió prisión preventiva para Glas y Bernal

Tras exponer el caso y las pruebas de sustento, la fiscal Salazar pidió al juez Rivera dictar prisión preventiva para Jorge Glas y Carlos Bernal. Para este último también solicitó "localización y captura para que comparezca presencialmente a la causa", puesto que se encontraría en Miami, Estados Unidos.

Salazar recordó que el delito de peculado tiene una pena privativa de libertad de 13 años, por lo que la prisión preventiva es "necesaria, idónea y proporcional".

Para Pablo Ortiz, en cambio, la Fiscal solicitó medidas no privativas de libertad; es decir, la prohibición de salida y la presentación periódica que el juez considere. Esto como respuesta a la conducta de "colaboración con la investigación para el esclarecimiento de los hechos denunciados", sostuvo.

La audiencia se instaló, pese a la oposición de la defensa de Glas

Previo a iniciar, la defensa de Jorge Glas recusó al juez Luis Rivera al no considerarlo imparcial en el caso por una "enemistad manifiesta". También pidió que no se instale la audiencia de formulación de cargos. De esta forma se trataba de apartar al magistrado del caso para dilatar el proceso, sostuvo Salazar.

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La Fiscalía recordó que el caso tiene siete meses de retraso, pues fue en junio cuando pidieron fecha y hora para formular cargos.

Las solicitudes fueron rechazadas por el juez Luis Rivera, quien anteriormente generó críticas por pedir a la Asamblea Nacional la autorización para enjuiciar penalmente a Glas. El pedido no contó con los votos para ser tratado en el Pleno, por lo que el magistrado puede seguir con el proceso legal.

La Fiscalía indaga la presunta corrupción que habría ocurrido con los fondos recaudados durante la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto.

Esa normativa, expedida en mayo de 2016, impuso tributos adicionales a quienes, por ejemplo, ganaban mil dólares o más mensuales, o a quienes tenían un patrimonio igual o mayor a un millón de dólares.

Asimismo, con la ley se aumentó durante un año el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Pasó del 12 % al 14 %.

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De acuerdo a la Fiscalía, durante la vigencia de la ley se recaudó más de USD 1 614 millones que se destinaron a contratos y proyectos "que no fueron prioritarios en el contexto del terremoto".

Diana Salazar ya usa chaleco antibalas

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, llegó a la audiencia usando un chaleco antibalas negro. Se trata de una de las medidas de seguridad adoptadas debido a las numerosas amenazas que ha recibido la funcionaria y que se han incrementado con el caso Metástasis.

Una vez en la sala y previo a su alegato, Salazar se retiró el chaleco.