Asambleístas no firmaron informe sobre 269 solicitudes de amnistías e indultos; se analiza la validez del documento
El informe sobre las 269 solicitudes de amnistías e indultos que aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional no habría cumplido los requisitos formales y pone en riesgo la concesión de esos beneficios.
Aunque el documento fue aprobado el pasado 11 de febrero -a horas de que concluya el plazo legal- y fue remitido a la Presidencia del Parlamento, no contó con las firmas de los legisladores que respaldaron el texto.
Aquel día, el informe solo fue suscrito por el presidente de esa mesa legislativa, Fernando Cabascango, y una secretaria. Sin embargo, en la cuenta de Twitter de la misma Comisión se anunció que el informe había sido aprobado por unanimidad.
Tres días después, el 14 de febrero, Cabascango presentó un anexo del documento con las firmas de los legisladores, según explicó el parlamentario Gruber Zambrano (BAN), en declaraciones recogidas por diario El Universo.
Para el asambleísta Fernando Villavicencio, quien es además presidente de la Comisión de Fiscalización, esta situación deja sin validez el informe y sostiene que Cabascango cometió una ilegalidad.
"¿Cómo sabía la presidenta de la Legislatura, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y el país cuántos legisladores de la Comisión apoyaron el informe si no habían las firmas?", dijo Villavicencio en una rueda de prensa en la Asamblea Nacional.
Por esta supuesta irregularidad, Villavicencio incluso presentó una queja contra los nueve asambleístas que integran la Comisión de Garantías Constitucionales, no obstante, el CAL se la devolvió para que la complete. Según el legislador, se olvidó de incluir un número de teléfono.
De su lado, Cabascago defendió su decisión este jueves.
Dijo que la Comisión de Garantías Constitucionales sí remitió el documento dentro del plazo establecido y que cumplió todos los requisitos de acuerdo al artículo 32 del Reglamento de Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales.
El cuestionado informe se divide en cuatro capítulos: personas judicializadas por ejercer los derechos a la resistencia y protesta social, defensores de los territorios comunitarios, administración de justicia indígena y defensores de los derechos de la naturaleza.
En el documento, de 360 páginas, constan las peticiones de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y del parlamentario andino Virgilio Hernández, llamados a juicio por rebelión en el marco de las protestas de 2019.
El CAL deberá definir si existe sanción contra los nueve legisladores de la Comisión de Garantías Constitucionales. Con respecto al informe, el Pleno de la Asamblea debe pronunciarse hasta el próximo 13 de marzo. Ahí se conocerá si se conceden o no los pedidos.