Asamblea tratará este 9 de marzo el informe sobre 269 solicitudes de amnistías e indultos
El Pleno de la Asamblea Nacional tratará este miércoles 9 de marzo el informe sobre las 269 solicitudes de amnistías e indultos que aprobó la Comisión de Garantías Constitucionales.
Hasta la semana pasada se cuestionaba la legalidad del documento ya que no contó con las firmas de los legisladores de la Comisión que aprobaron el texto.
El día que venció el plazo para entregar el documento a la Presidencia del Legislativo, solo el titular de Garantías Constitucionales, Fernando Cabascango, y una secretaria firmaron el informe. Las demás rúbricas de los otros asambleístas se las anexó tres días después.
Inicialmente, por este caso, el parlamentario Fernando Villavicencio, quien es además presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó una queja contra los nueve asambleístas que integran el despacho de Garantías Constitucionales, sin embargo esta semana se conoció que retiró su denuncia.
Ahora el dilema se centra en cómo trámitar el informe.
Para la asambleísta Johanna Moreira, de Izquierda Democrática, el informe debe subsanarse para no poner en juego la legitimidad de las amnistías. Ella insiste en el error que cometió la Comisión de Garantías Constitucionales al no firmar el documento.
Lo mismo piensan en la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), sin embargo en este bloque también les preocupa cómo se votaría por la aprobación o no del documento. Consideran que se deben hacer diferencias.
"Hay ciudadanos ecuatorianos que lo merecen (el indulto), pero no vamos a permitir impunidad en hechos en los que otros ciudadanos son responsables", dijo hoy el parlamentario Juan Fernando Flores (Creo).
En el informe sobre las amnistías constan las peticiones de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el presidente de la Conaie, Leonidas Iza; el expresidente de ese organismo, Jaime Vargas; y del parlamentario andino Virgilio Hernández, todos investigados por las protestas de octubre de 2019.
Ante ello, en Pachakutik están claros. Ellos votarán a favor del informe. Salvador Quishpe explica que, por ejemplo, en octubre de 2019 no se puede juzgar el derecho a la resistencia.
De su lado, el asambleísta Fausto Jarrín, de UNES, dice además que no se puede restringir un derecho a una persona por ser político.
El cuestionado informe sobre las amnistías e indultos se divide en cuatro capítulos: personas judicializadas por ejercer los derechos a la resistencia y protesta social, defensores de los territorios comunitarios, administración de justicia indígena y defensores de los derechos de la naturaleza.
Ya sea que el texto se vote en un solo bloque o por partes, se requieren al menos 92 votos de los 137 asambleístas. Algo difícil si no se suman otros bloques políticos.