Asamblea entregó documentos incompletos a la Corte Constitucional sobre juicio político a Guillermo Lasso
Aunque la jueza constitucional, Teresa Nuques, solicitó las actas del Consejo de Administración Legislativa (CAL) en torno al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, desde la Asamblea no se remitieron las actas de la primera sesión en la que se calificó el proceso.
La Asamblea debía completar el expediente del trámite de admisión del juicio político hasta el sábado.
Sin embargo, no remitió uno de los documentos solicitados por la jueza Nuques, a cargo de la causa.
Ella requirió: peticiones, solicitudes, votaciones y actas del CAL, en especial la resolución del 20 de marzo de 2023.
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En su respuesta, el secretario de la Asamblea, Álvaro Salazar, señala que de los registros y documentos a su cargo: "... no se desprende de los mismos, texto formalmente suscrito que corresponda a lo que el auto denomina: la resolución del 20 de marzo de 2023..."
Argumenta que la decisión de las autoridades legislativas se estableció el 21 de marzo con la reconsideración de lo actuado previamente.
En esto no coincide la presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, Libia Rivas, quien fue también secretaria general del Parlamento.
La reconsideración, dice, no significa que la sesión anterior no existió.
Más aún, en la respuesta que da la Asamblea a la jueza constitucional se menciona que: "...las actas requeridas de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa: 017, 018, 019 y 020 aún se encuentran en proceso de transcripción".
Ribas añade que esto tampoco sería una justificación.
Sin estos documentos, la Corte Constitucional decidirá sobre el juicio político a Lasso, pero ya no con la ponencia de Teresa Nuques, pues no obtuvo los votos suficientes.
Richard Ortíz preparará un nuevo proyecto de dictamen sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, luego de que no convenciera a la mayoría el documento de Teresa Nuques.
La Corte Constitucional decidió que el nuevo documento sea construido por Ortiz, pero apegados al artículo 95 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que establece escoger un segundo ponente cuando temas de complejidad lo ameriten, se designó al presidente del organismo Alí Lozada para que también elabore un proyecto de dictamen.