Asamblea debe remitir esta tarde el texto definitivo de la ley de aborto por violación
La Asamblea Nacional deberá enviar la tarde de este lunes 18 de abril a la Presidencia de la República el texto definitivo de la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación para que sea publicada en el Registro Oficial.
La norma entró en vigencia por el ministerio de la ley al no haber un pronunciamiento del Legislativo sobre el veto parcial del jefe de Estado.
El Parlamento debía hacer pública alguna postura hasta el viernes 15 de abril.
Desde la Comisión de Justicia del Parlamento, que impulsaba la norma, anuncian una demanda de inconstitucionalidad.
Analizan pedir medidas cautelares para que se suspenda, por ejemplo, el requisito de denuncia formal de la agresión sexual. Consideran que este requerimiento es revictimizante.
El pasado jueves, la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, concluyó la sesión en la que se debía analizar la cuestión, después de que la Corte Constitucional se abstuviera de valorar el veto presidencial y conminara al Legislativo a seguir el proceso regular.
Con un escueto "se suspende la sesión, ¡buen feriado!", Llori zanjó cualquier opción de debate parlamentario, sin dar paso a mociones encaminadas a alcanzar una resolución sobre el veto del Ejecutivo.
En febrero último, el Parlamento aprobó una legislación que regula el aborto por violación después de que la Corte Constitucional despenalizara esta causal en 2021.
El mes pasado, Lasso anunció su decisión de incluir 61 "textos alternativos" a la normativa discutida en el Legislativo, que tenía 63 artículos, al considerar que esta supuestamente no concordaba con la sentencia de la alta Corte.
Entre las sugerencias del mandatario figuran que se unifique el plazo de doce semanas en casos de aborto por violación y no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.
Asimismo propuso "requisitos" para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.
En Ecuador el aborto está despenalizado, además, en los casos en los que la vida de la mujer esté en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer en situación de discapacidad intelectual.
Una vez que quede asentado el veto en el Registro Oficial iniciarán acciones para intentar revertir la acción.
"Vamos a seguir peleando; una vez que entre por el ministerio de la Ley como quiso LLori-atropellando los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador- presentaremos una demanda de inconstitucionalidad", avanzó en Twitter el asambleísta Alejandro Jaramillo, de la Comisión de Justicia.