Asamblea: el CAL evaluó las pruebas de las quejas presentadas contra Lenin Rogel, Inés Alarcón y César Umajinga

La actuación de pruebas de las tres quejas presentadas por los asambleístas Jhajaira Urresta, Paola Cabezas y Arisdely Parrales, en contra de sus colegas Lenín Rogel, Inés Alarcón y César Umajinga, respectivamente, fueron analizadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

En la queja presentada contra Alarcón se argumenta que ella calificó, en medios de comunicación, el pasado 6 de septiembre de 2024, al proceso de juicio político contra la fiscal general del Estado como “Narco Juicio”, “lo que lesiona el prestigio de la institución, según el artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)”, según el documento.

Con relación a la queja contra Rogel, se indica que el legislador, en la sesión número 074 de la Comisión de Fiscalización, el lunes 9 de septiembre de 2024, violentó los deberes éticos de la actividad parlamentaria al votar de forma contraria a lo resuelto por el Pleno de la Asamblea Nacional, irrespetando su institucionalidad.

Con Umajinga se menciona que el legislador, al tener una investigación previa en proceso en la Fiscalía, debía principalizar a su suplente o alterno para que asista a la sesión antes mencionada y consigne su voto. Al no hacerlo, vulneró el artículo 142 de la LOFL y 232 de la Constitución.

Luego de verificar la ausencia de Rogel, quien fue notificado, Urresta presentó las pruebas documentales, audiovisuales y fotográficas. En las primeras, se refirió a la resolución del Pleno de la Asamblea que rechazó la acción de protección presentada por Alarcón, convocatoria, resolución y acta de la Comisión de Fiscalización de la sesión 074 y comunicado del PSC y Aliados, que rechazó y separó a Rogel. Se presentó un video de los hechos y la prueba fotográfica.

Urresta, sobre la base en pruebas afirmó que el asambleísta Rogel incurrió una falta administrativa.

Le puede interesar: La Asamblea Nacional tratará dos proyectos de ley, en 30 días, para enfrentar la crisis eléctrica

Cabezas detalló las pruebas documentales, entre ellas las acciones de protección presentadas Inés Alarcón, afectando las atribuciones de la Asamblea, respecto a lo procesos de fiscalización y control político. Además, requirió la reproducción de un video con las declaraciones de Alarcón, sobre la calificación del proceso de enjuiciamiento político a la Fiscal General del Estado. Por lo señalado, pidió la máxima sanción prevista en el artículo 170 de la LOFL.

Alarcón sostuvo que el retiro de la primera acción de protección se fundamentó en una sentencia de la Corte Constitucional, así como la presentación de la nueva acción de protección respecto a las resoluciones de Fiscalización.

La legisladora Parrales, mediante dos pruebas documentales, la convocatoria a la sesión de la Comisión de Fiscalización y la publicación en el Sistema de la Función Judicial SATJE sobre la investigación previa a Umajinga; entre tanto, las pruebas audiovisuales fueron las declaraciones en una radio sobre presuntas influencias a favor de un contratista y el video la sesión de la mesa legislativa de Fiscalización.

Parrales argumentó que el asambleísta acusado estaría incurso en conflicto de intereses, tráfico de influencias, presentar y aprobar una moción en contradicción con una resolución del Pleno de la Asamblea. Afirmó que Umajinga incurrió en la falta constante en el numeral 3, del artículo 173 de la LOFL.

Umajinga argumentó sobre la investigación previa de la Fiscalía General del Estado y al trámite de archivo de conformidad con el artículo 587 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Añadió que sus actuaciones han sido apegadas a la Constitución y a la Ley.

Le puede interesar: El juicio político a Mónica Palencia queda en suspenso en la Comisión de Fiscalización