La Asamblea busca reducir el número de votos para la ratificación de leyes, ante un veto parcial del Ejecutivo
En la Asamblea Nacional buscan cambiar las reglas del juego. Hoy ante un veto parcial del Ejecutivo la Asamblea requiere de las dos terceras partes de sus integrantes, es decir de 92 votos, para ratificarse en lo originalmente aprobado.
La enmienda constitucional que se analiza propone que la ratificación requiera, al igual que para la aprobación de una norma, de mayoría simple, es decir de 70 votos.
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La Corte Constitucional al señalar los caminos que debía seguir esta enmienda indicó que no se afectan la estructura del Estado ni el sistema de pesos y contrapesos. Sin embargo, en el desarrollo práctico de la política local implica algunos riesgos.
"Pierde sentido el veto parcial, y una Asamblea de oposición como la que estamos viendo ahora, donde ya se configuran aproximadamente 80 votos, posiblemente el presidente tenga como única salida el veto total", explica Roger Celi, coordinador Observatorio Legislativo.
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Y perdería sentido porque sería extremadamente sencillo para una legislatura el contar con los mismos votos que aprobaron una ley y ratificarse en esos textos sin tomar en cuenta el criterio del Ejecutivo.
Desde otra orilla, se señala que precisamente lo que se busca es limar las uñas de un hiperpresidencialismo que con vetos parciales condiciona la formación de leyes a propósito de la complejidad que supone el alcanzar una mayoría calificada.
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Jorge Benavides, decano Escuela de Gobierno IAEN, dice que hoy en día la situación del Presidente de la República lo vuelve hegemónico en el proceso de creación de la ley.
Que los riesgos no son solo para un Gobierno sin mayoría legislativa, se señala. En el escenario contrario, cuando los regímenes tienen mayoría simple en la Asamblea también se generan situaciones que lastiman la democracia.
Roger Celi, dice que en una Asamblea de corte oficialista "efectivamente todos las observaciones de la oposición no pasarían". Pero que ante esa posibilidad existen herramientas, se dice, que deberían aplicarse para empujar a la construcción de normativa desde la sensatez política.
Lo cierto es que de aprobarse la enmienda que se tratará este jueves en el Pleno, el Ejecutivo tendrá en el veto total un ejercicio de autodefensa ante la probable arremetida de partidos que sin vocación presidencial intentarán, desde su representación legislativa, condicionar al poder.
Y el intento por equilibrar los poderes no sea sino el reconocimiento de la incapacidad del legislativo para construir consensos amplios sobre temas que se supone deben ser de interés y beneficio general.