Alembert Vera se dio cuenta de que jugaba con fuego al intentar tumbar a la Corte Constitucional
Alembert Vera está en apuros. El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), al igual que los vocales, corren el riesgo de ser destituidos por la Corte Constitucional (CC).
El meollo del asunto nace de la decisión del juez de Montecristi, Leiver Quimís, de disponer al Cpccs que conforme una veeduría ciudadana para evaluar las actuaciones administrativas del Consejo Transitorio, presidido por Julio César Trujillo (+), al cesar y designar jueces de la CC.
Vera no tardó en acatar lo que dispuso el magistrado, sin apelar en la Corte Provincial. De hecho, adelantó criterio diciendo que fueron actos "atroces" los cometidos por el "Trujillato". También invitó a quienes se vieron afectados por las decisiones del Cpccs-t a presentarse como veedores.
El titular de Participación Ciudadana y Control Social dijo que la sentencia es "contundente sobre la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público".
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Es decir, deja ver que el argumento para dar paso a esa iniciativa se sostiene en que no serían los vocales de la institución los encargados de revisar lo hecho por el Consejo Transitorio, sino ciudadanos por fuera de la institución.
Rafael Correa, mentor de Vera, también se pronunció en su cuenta de X, en la misma línea: "El Cpccs no revisa nada, sino una veeduría ciudadana".
Sin embargo, las conclusiones y resoluciones de la veeduría sí deberían ser conocidas y analizadas por el Pleno del Cpccs, tal como establece el reglamento vigente. Aun así, hay dudas de los alcances jurídicos.
Ya pasó cuando se creó la veeduría conformada para vigilar el proceso de auditoría académica a la tesis de la fiscal Diana Salazar, su actuación se desvaneció y no hubo resultados.
¿Alembert Vera se echó para atrás?
La Corte Constitucional no tardó en reaccionar. Activó la fase de seguimiento al dictamen interpretativo de 2019 en el que blindó lo actuado por el Cpccs-t, es decir, incluso la designación de las autoridades quedaron en firme.
En esa decisión, los magistrados explican que la consulta popular de 2018 dio la facultad a la institución transitoria de realizar la evaluación y cese anticipado de las autoridades, como parte de sus funciones excepcionales.
Al notar que el juez de Montecristi y el Cpccs pretendían incumplir el dictamen, la Corte remitió tres oficios:
La Fiscal ya respondió el pedido de la información indicando que lo actuado "contraviene las decisiones adoptadas por el Cpccs Transitorio".
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También informó que inició una investigación por el presunto delito de prevaricato contra el juez, a partir de una denuncia por parte del delegado del Procurador General del Estado.
Vera ya había activado incluso un correo electrónico para la recepción de las inscripciones, así como el formulario. El plazo era de una semana. Desde este 4 de septiembre de 2023 hasta el próximo lunes 11.
La información todavía consta en la página web del Cpccs. Los interesados deben llenar sus datos, la ocupación, organización a la que pertenecen y una declaración de estar habilitado para conformar una veeduría ciudadana.
Vera no ha hecho público aún el contenido de la respuesta a la Corte; sin embargo, sí difundió un comunicado deslindándose de las decisiones del juez Quimís.
"...Ni el Pleno del CPCCS ni ningún consejero han tomado una resolución sobre este tema (...)"
El Cpccs anunció la tarde de ayer que solicitará a la Corte Consitutcional que "dicte jurisprudencia sobre el alcance de la Acción de Protección distada por el juez, por presunta contradicción con su dictamen interpretativo".
Para el abogado constitucionalista José Chalco esa solicitud es "una vergüenza constitucional" porque solo esa Corte selecciona sobre qué proceso requiere hacer jurisprudencia vinculante a través del proceso de selección de causas.
División en el Cpccs
Tres de los siete consejeros dieron un paso al costado respecto a la decisión de Vera. Por ejemplo, Nicole Bonifaz dice que la decisión se tomó de manera unilateral, omitiendo la opinión de los demás consejeros.
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Mishelle Calvache contó a Ecuavisa.com que los vocales del organismo que integran la minoría y que se mostraron en desacuerdo, mediante comunicados públicos, entregarían una respuesta aparte a la Corte, para evitar ser destituidos.
Chalco explica que la Corte debe destituir a quienes incumplen, por lo tanto, deberá valorar si fue un funcionario en específico o si fue como órgano colegiado quienes actuaron contra la norma.
Lo que ahora intenta el Cpccs ya ocurrió en 2019, lo que terminó con la destitución de los exconsejeros de Participación José Carlos Tuárez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y Walter Gómez, por la Asamblea Nacional. Una de las causales fue que intentaron conformar una comisión para revisar la designación de la Corte Constitucional, ignorando también el dictamen de la alta Corte.