El correísmo promueve sus intereses políticos con la salvación de Wilman Terán
La postura del correísmo con respecto al juicio político del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y de la exvocal de ese mismo organismo, Maribel Barreno, responde a intereses políticos. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) intentan enjuiciar políticamente a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y declarar al expresidente Rafael Correa como perseguido político.
Este miércoles 17 de julio, durante el juicio político en el que finalmente no fueron censurados Terán ni Barreno, pues los legisladores de la RC los apoyaron, la asambleísta Sofía Espín señaló el porqué de la votación de su bancada.
"Es claro que nosotros tenemos grandes diferencias con el señor Terán, pero nosotros no actuamos por odio, actuamos por principios. No nos van a encontrar odiando al enemigo de tu enemigo", dijo la parlamentaria.
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Las asambleístas Pamela Aguirre y Paola Cabezas se pronunciaron en ese mismo sentido. Coinciden en que fue Terán, quien en julio de 2020 fungía como juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el que ratificó la sentencia contra Correa y otros 17 sentenciados en el caso Sobornos.
Ambas señalaron que ese aspecto no influyó, pues las causales del juicio político contra Terán y Barreno era otras.
Con Terán y Barreno salvados del juicio político, el correísmo insiste que el exmandatario no es un delincuente, sino un perseguido. El argumento se basa en lo expuesto por el expresidente de la Judicatura este miércoles: que fue presionado por el extitular de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, y por Diana Salazar para sentenciar al exjefe de Estado.
De su lado, la asambleísta Jahiren Noriega insistió este miércoles que la competencia del Parlamento es hacer control político "y no sería mala idea (...) empezar por la fiscal, quien en este pleno ha sido acusada de influir en decisiones de los jueces (...) y convertirse en la artífice de la corrupción que ahora existe en el sistema de justicia de este país".
Adicionalmente, el correísmo ha demostrado interés en tener presencia en el Consejo de la Judicatura, organismo creado en el Gobierno de Correa.
Esa institución es administrada por Mario Godoy desde este martes 16 de julio. Él fue abogado de un abogado de Correa. A esa entidad, además, podría regresar Barreno, pues no está destituida sino que tiene licencia.
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Wilman Terán está preso desde diciembre de 2023 por el caso Metástasis, en el que se le imputa un presunto delito de delincuencia organizada. Además, enfrenta otro proceso penal por el presunto delito de obstrucción a la justicia. Este último caso se denomina 'Independencia Judicial'.