El CAL niega pedido del correísmo para evaluar el embarazo de Diana Salazar
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó el pedido de la asambleísta Gissela Garzón (Revolución Ciudadana) de darle seguimiento al embarazo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, para retomar el proceso de juicio político en su contra. El correísmo ha puesto en tela de duda el estado de gravidez de la funcionaria.
En reunión reservada, el CAL avocó conocimiento de la solicitud enviada por Garzón al presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, para darle seguimiento al trámite legislativo contra Salazar, que se suspendió en mayo pasado luego que ella notificara que estaba embarazada. La fiscal solicitó al Parlamento que se garantice y respete su derecho a tener "un embarazo en paz".
Finalmente, el pedido de Garzón no tuvo respaldo.
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El legislador Diego Matovalle, de ADN, indicó a Ecuavisa que el pedido ni siquiera fue sometido a votación por no tener "una motivación suficiente".
En una primera carta enviada a Kronfle el 19 de junio, Garzón -en calidad de proponente del juicio a la fiscal- pidió que se informe sobre el estado actual de Salazar para determinar si ya se podía dar continuidad al proceso de juicio político. Consideraba que el estado de gravidez de la fiscal es un asunto de interés público.
El CAL le respondió en un memorando que no existía ningún cambio. El organismo basó su contestación en el certificado médico que fue entregado por Salazar cuando hizo público su embarazo. El documento está avalado por el IESS y certifica que pasa por un alto riesgo.
El 7 de julio Garzón insistió. Envió un segundo requerimiento con el que solicitó que se incluya, en la siguiente sesión del CAL, el tratamiento y seguimiento del juicio político. El correísmo está convencido, según lo expuesto incluso en un video que subió a su cuenta en la red social X el expresidente Rafael Correa, que Salazar no pasa por un embarazo de alto riesgo.
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En un comunicado, la fiscal rechazó "las infamias de los mentirosos de siempre que, con tal de conseguir impunidad, han sido capaces de rebasar toda frontera, no solo legal sino moral, ética y humana". Y le recordó a la Revolución Ciudadana que la información relacionada con su embarazo está protegida bajo el derecho a la intimidad, por lo tanto divulgarla es un delito.
Este viernes 12 de julio la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que Salazar se irá de vacaciones y que no va a pedir una licencia como se indicó en diferentes plataformas de redes sociales.