El informe para primer debate de las reformas a la Ley de Garantías Jurisdiccionales fue aprobado en la Asamblea
El informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional fue aprobado en la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.
El objetivo es subsanar la grave crisis constitucional que atraviesa el país, por el abuso y la desnaturalización de las garantías constitucionales y la falta de pertinencia en la utilización de estas herramientas, como un medio para sustituir a la justicia ordinaria.
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Para los legisladores de la Comisión, “esto genera una mayor carga procesal en el ámbito constitucional, un mayor retardo en el despacho de causas y una afectación a la tutela judicial efectiva”.
En el tratamiento del proyecto, durante 20 sesiones, la mesa legislativa acogió observaciones de más de 58 autoridades de varias instituciones del Estado, académicos expertos en la materia, representantes de la sociedad civil y asambleístas proponentes de los nueve proyectos de ley sistematizados.
Coincidieron en que la participación de la academia y juristas en libre ejercicio ha sido fundamental, pues su aporte desde los saberes profesionales y ancestrales brindan un irrebatible soporte al proyecto.
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Cuestionamientos al último censo
La Comisión también dio seguimiento al proceso de fiscalización del VIII Censo Nacional de Población, VII de Vivienda y I de Comunidades, realizado en 2022. Recibió en su mesa a varios investigadores y académicos.
Para Byron Villacís, exdirector del INEC, es innegable la politización del censo, “pues fue ejecutado mientras el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) estaba adscrito a la Presidencia de la República”.
Manifestó que “existen denuncias del uso de sedes del censo como sedes de campaña electoral del partido del expresidente Guillermo Lasso. También del uso de la cédula de ciudadanía de las y los ecuatorianos para elaborar perfiles crediticios y monetización de datos para fines bancarios”.
Los investigadores David Vera y Manuela Picq señalaron que los datos del censo no han resultado fiables para los estudios académicos. Existen serias distorsiones entre los resultados obtenidos entre el censo en línea y el presencial, que evidencian graves omisiones y falencias en la ejecución y planificación del proceso.
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