Un proyecto de ley busca prohibir el arbitraje internacional en Ecuador
La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional empezó este viernes 5 de julio a abordar un proyecto de ley impulsado por dos legisladores del correísmo, Ricardo Ulcuango y Esther Cuesta, para que se prohíba el arbitraje internacional en Ecuador.
Dicha iniciativa surge tras los resultados de la última consulta popular y referéndum 2024 en la que el Gobierno de Daniel Noboa preguntó a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en permitir el arbitraje internacional en el país. Los votantes negaron la aprobación de esta pregunta.
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Con este antecedente, los proponentes manifestaron que, “es necesario armonizar la normativa nacional con el abrumador consenso, de más del 65 % de los votantes, según el CNE, en rechazo a este mecanismo que genera daños irreparables para el medio ambiente y nefastas consecuencias económicas para el Ecuador”.
Para el análisis de este tema, la Comisión convocó a dos abogados: Julio Prieto y Pablo Fajardo, quien fue el jurista en contra del caso Chevron. Ambos coincidieron en el que arbitraje internacional puede perjudicar al país.
"... los árbitros internacionales juegan con reglas hechas por las empresas transnacionales, mientras que el Estado queda en una enorme desventaja”, manifestó Fajardo.
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¿Qué es el arbitraje internacional?
El arbitraje internacional nace de las relaciones internacionales contractuales entre empresas y Estados. Para ello se establecen cláusulas entre las partes considerando que se puede prever un problema técnico por las diferentes jurisdicciones, indica Unir.
Que Ecuador esté abierto a arbitrajes internacionales pudiera desencadenar en fallos contra el Estado, que podría estar obligado a pagar millonarias indemnizaciones, como ya ocurrió en 2019, cuando un tribunal arbitral determinó que Ecuador debía compensar a la petrolera francesa Perenco con 471 millones de dólares, menos una contraindeminzación de 60 millones por daños ambientales.
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En contraparte, también pudieran existir resultados positivos para Ecuador, como el arbitraje contra la firma estadounidense de servicios petroleros Worley, donde evitó un pago de 198 millones de dólares que demandaba la empresa.
Para el exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, es "saludable" y "conveniente" ampliar las jurisdicciones para celebrar arbitrajes internacionales externos, con el objetivo de "viabilizar proyectos que por esa razón no han estado viniendo a Ecuador".