Liberar de impuesto a la alianza público-privada le costará al Estado USD 54 millones
El Estado asumirá el costo de los beneficios que plantea en la ley de incentivos.
Los ministros del frente económico se reunieron este 5 de octubre de 2015 con la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional y con representantes del sector productivo, para revisar la , cuyo trámite se encuentra en el legislativo.
La cita estuvo encabezada por los ministros coordinadores de la Política Económica, Patricio Rivera; y de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely, como delegados del Ejecutivo; y, en este sentido, Cely resaltó los beneficios que esta propuesta conlleva y que apuntan a incrementar la liquidez y competitividad de las empresas: exenciones de Impuesto a la Renta (IR); del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD; del fomento de transacciones en mercado de valores; y, de la reducción de costos de transacción generados por excesivos trámites, entre otras medidas.
Dicha exoneración ascendería a un valor de 54 millones de dólares, monto que será asumido por el Estado ecuatoriano.
Asimismo, busca incrementar la eficiencia de las empresas públicas, con la generación de nuevos instrumentos de asociación pública-privada.
El proyecto, dijo Cely, también establece otros incentivos. Por ejemplo, para el sector minero será aplicable el reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado por los períodos correspondientes a partir del 1 de enero del 2018 en adelante y el incentivo a la inversión en pequeña minería. De igual manera, la exoneración del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para las micro y pequeñas empresas, como de cervecería artesanal.
La conformación de un Comité interinstitucional con representantes del Ejecutivo es otro de los puntos que se abordó en este encuentro. Dicho comité será el encargado de calificar los proyectos prioritarios y determinará qué beneficios tributarios son aplicables o no. Pero el sector privado solicita tener representación en este grupo.
La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo, con el carácter de económico urgente, el pasado 28 de septiembre.