Impuesto a comida chatarra no reduciría índice de obesidad, según experta

Quienes consumen comida chatarra dicen que lo hacen por tiempo y dinero.

El gobierno estudia la posibilidad de poner un impuesto a la comida chatarra. Pero ¿qué alimentos se grabarían con este rubro? 

La especialista en nutrición y dietética, Francisca Cifuentes, explica que dentro de esta categoría está todo tipo de alimento que tenga poco aporte nutricional y alto contenido en grasa. 

“Es muy difícil limitar qué es comida chatarra y qué no es comida chatarra. Generalmente comida chatarra podemos hablar de todo lo que son cachitos, papas fritas, chifles, todas aquellas cosas que han tenido un proceso, han perdido su valor nutricional y la cantidad de grasa o calorías que tiene son muy elevadas”, indica Cifuentes.

Este impuesto que no es nuevo en países como Francia, Japón y Finlandia, busca desmotivar el consumo de estos productos y combatir los índices de obesidad y sobrepeso. 

Sin embargo, para Cifuentes, el crear un impuesto a la comida chatarra  no soluciona el problema ya que resalta que de por sí la dieta de los ecuatorianos es alta en calorías, por ejemplo: la comida típica. 

“Si es que no se hace una campaña de educación, pongamos un ejemplo: si tengo un paciente que tiene sobrepeso, que tiene ya el colesterol alto, si usted le pone un impuesto a las hamburguesas, él va a dejar de comer la hamburguesa, pero qué se va a ir a comer, un mote con chicarrón, se va a ir a comer otro alimento que no va hacer que esta persona baje de pase, ni que sus niveles de colesterol o sus otras patologías bajen”, dice la especialista.

Quienes consumen comida chatarra dicen que lo hacen por tiempo y dinero y explican por qué no están de acuerdo en que se cree esta tasa.

“Esta demás este impuesto porque el que trabaja quiere comer algo al paso y si va a un restaurante le cobran aparte, se demora mucho y el tiempo no nos ayuda”, comenta un consumidor.

Si bien el Gobierno aún no determina cuál será el valor de este rubro  y desde cuándo entrará en vigencia, se conoce  que los recursos serán destinados al sistema de salud pública para tratar a pacientes con malos hábitos alimenticios.