Aguiñaga pide que se entregue la competencia para administrar el Parque Samanes tras intentos de invasiones
Sin mencionar a qué institución, la prefecta electa del Guayas, Marcela Aguiñaga, propone que se "entreguen las competencias" para administrar el Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, donde este último fin de semana fueron desalojadas más de mil personas que intentaban invadir lotes pertenecientes a esta Área Nacional de Recreación.
Aquiñaga, quien asumirá la Prefectura del Guayas el domingo 14 de mayo, escribió en su cuenta de Twitter: "Invasores en el Parque Samanes, lo que faltaba. Si no pueden administrarlo, entreguen las competencias ya".
El pronunciamiento de la funcionaria electa surge luego que policías y militares, junto a personal de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), llegaron a unos predios ubicados junto a la autopista Narcisa de Jesús y constataron que los invasores ya habían limpiado la maleza y delimitado parte del espacio.
Este lunes 8 de mayo los invasores regresaron con palos, machetes y cintas para insistir en la demarcación de los terrenos, no obstante, volvieron a encontrar a la fuerza pública.
Inmobiliar ha asegurado que está ejecutando controles para garantizar la conservación de la zona protegida. Y agregó que en esta Área Nacional de Recreación hay "un ecosistema sensible que alberga un humedal y especies nativas de flora en peligro de extinción como: samanes, fernán sánchez, guachapelíes, guayacanes, guasmos, laureles, entre otros".
El Parque Samanes se extiende en 851.65 hectáreas de terreno, y se extiende entre las avenida Francisco de Orellana y la autopista Narcisa de Jesús.
El Área Nacional de Recreación comprende unos terrenos que pertenecían al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) y que fueron adquiridos por el Estado durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa. Aquella transacción se ejecutó cuando Aguiñaga era ministra de Ambiente.
Años más tarde la Contraloría General del Estado (CGE) investigó esta negociación y determinó un supuesto sobreprecio en la compra de esos terrenos. La indagación derivó en una glosa por 41 millones de dólares contra la prefecta electa, que finalmente fue anulada.