El 80 % del personal de la Agencia de Tránsito de Durán ha sido sancionado, señala subgerente

La plantilla de la Agencia de Tránsito de Durán (ATD) está compuesta por 200 empleados: 150 agentes y 50 administrativos. De ese total, 160 han sido sancionados desde mayo del 2023.

Estas acciones se tomaron porque cometieron un mal procedimiento, faltaron el respeto a conductores, participaron en cohecho o pidieron dinero. Así lo aseguró Luis Samaniego, subgerente de la ATD.

"No me alegra decirlo, pero tenemos el 80 % de agentes sancionados por múltiples casos, algunos de ellos por cohecho. No existía la Dirección de Asuntos Internos, había de papel. Hoy, en día, tenemos funcionarios honestos", contestó.

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Samaniego indicó que además otros nueve agentes han sido separados de la institución por faltas muy graves y que aunque no serían los únicos, varios de ellos intentan regresar.

"En los que es por cohecho hemos investigado. Por las denuncias verdaderas hemos separado a esos agentes. Hoy en día tenemos hasta acciones de protección presentadas por ellos", dijo Samaniego.

En las calles del cantón Durán, la noticia del inminente cambio de competencias del control de la avenida Nicolás Lapentti y otras tres vías, parece más que esperada.

Algunos conductores cuestionan los procedimientos de los uniformados de la ATD, como le ocurrió a Enrique Sáenz, quien tuvo que pagar 2 multas de USD 140 por pasar con semáforo en rojo por intersecciones en las que los agentes daban el paso a los conductores para descongestionar la circulación.

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"Justamente iba por el primer carril, pero el semáforo está en el quinto carril, que uno no se da cuenta. Sino, también está el caso cuando el vigilante que dice "pase, pase" y uno avanza", contó.

Los operativos implementados en el cantón también son cuestionados, como lo hizo el gremio de transportistas pesados la semana pasada, y denunciaron que ciertos agentes aprovechan los controles para pedir dinero.

Frente a esta situación, Samaniego indicó que la agencia aprobó la compra de más de 100 cámaras corporales, que hasta diciembre, entrarían en funcionamiento para monitorear los procedimientos de los agentes en las calles y respaldar o descartar futuras denuncias.