Gobierno quiere revisar pensiones de militares en servicio pasivo
Según el Ejecutivo, hay una notable inequidad en las pensiones de retiro de las FF.AA.
La controversia entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se extiende a los ingresos de los militares en retiro, que -según el presidente de la República, Rafael Correa- son 'exagerados' en algunos casos.
Este 10 de febrero de 2016, el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, señaló que es “el momento de discutir y analizar el monto de las pensiones de retiro en las FF.AA.” y, en ese contexto, citó algunos ejemplos. “El jefe de un hospital, que sirve al país, a la ciudadanía, en el mayor de los casos podrá tener una jubilación de 1.300 a 1.400 dólares; un general que hace una labor tan importante como el jefe de un hospital, tiene una jubilación de 3.500 dólares más un bono de cesantía de 200.000 dólares, es bueno, es conveniente? No creo que es el momento para decidirlo, pero sí para discutirlo, revisar cómo es ese régimen y qué debemos hacer para que no haya la discriminación que existe ahora”.
Pero una eventual revisión de las pensiones de los militares en servicio pasivo no es un asunto administrativo, sino legal, asegura el general René Yandún y actual asambleísta. “De los generales que dice que están en exceso para aumentar a los pensionistas de menor grado o jerarquía, qué es lo que está tratando de hacer, buscando una división, un malestar, una sublevación”.
Para Mera, al margen de cualquier decisión, las pensiones de retiro de los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Issfa) están aseguradas por el Estado. También cuestionó a la anterior Cúpula militar, que rechazó la orden presidencial para que se debite 41 millones de dólares al Issfa por un sobreprecio en la venta de 220 hectáreas en el sector de Samanes, norte de Guayaquil, al Ministerio de Ambiente, en 2010. “Piensan que el Issfa puede mantenerse solo si el Gobierno le subsidia las pensiones, nosotros hemos pagado 300 millones de dólares. Al pensar que se puede marchar solo, piensan que 40 millones menos va a afectarles y eso es un gravísimo error en concepción administrativa pública”.
Sobre el proceso de compra-venta de los 66 lotes, Mera dijo que hubo errores de buena fe y que el Gobierno se sujetará a los resultados que determine el examen especial de la Contraloría.