Expertos de la ONU y CIDH piden que se detenga proceso de disolución de Fundamedios
Un grupo de expertos condenó la acción y dijo que tiene "tintes políticos fuertes".
y de la denunció este 17 de septiembre las que , entre ellas un decreto que establece "restricciones inaceptables" de ambos derechos.
De manera directa, reclamaron que se detenga el procedimiento de, a la que calificaron de "destacada organización de la sociedad civil dedicada a la promoción de la libertad de expresión y de medios".
La inició un proceso de disolución en su contra tras acusarla de actividad política, en violación de sus propios estatutos.
Los expertos de dijeron que el decreto en el que se basa la SECOM otorga a las autoridades poder para cerrar organizaciones en
Concretar el cierre de Fundamedios supondría una ", opinaron los relatores sobre la libertad de reunión y asociación, Marina Kiai; sobre libertad de expresión y opinión, David Kaye; y sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michael Forst.
Se unieron a esta declaración los relatores de la , José Orozco Henríquez y Edison Lanza.
Según estos especialistas en derechos humanos, es "la acción del gobierno la que tiene tintes políticos más fuertes".
Aclararon que la razón fundamental citada para disolver Fundamedios puede ser utilizada para obstaculizar el
Por ello, pidieron al Gobierno que desista de esa intención, que garantice los y le ofreció su asistencia técnica en estas cuestiones, si la requiere.
"Las personas que se constituyen en una asociación tienen el , incluso políticas, sin interferencia del Estado", subrayaron.
Continuaron señalando que "el discurso no puede ser reprimido simplemente porque puede ser interpretado como político".
La SECOM notificó el pasado día 8 a Fundamedios del proceso de disolución por haber difundido mensajes con supuesto contenido político y le daba diez días para que presentar su defensa.
En respuesta, la organización civil solicitó esta semana que se garantice el debido proceso en su caso, que se aporten pruebas de sus presuntas actividades y que van en contra de los derechos constitucionalmente garantizados.
Los expertos de la ONU y el CIDH recordaron que las normas invocadas en este caso fueron las mismas que condujeron a fines de 2013 al cierre de otra importante ONG.