En el Yasuní se sigue extrayendo crudo, mientras el gobierno espera que no se suspendan las operaciones
Han pasado cinco meses desde que los ecuatorianos acudieron a las urnas y entre otras decisiones, votaron sí en la pregunta para mantener el crudo del Bloque 43 del ITT indefinidamente bajo tierra.
Fue el 20 de agosto de 2023, cuando en la consulta popular el 58,9 % de ecuatorianos le dio la facultad a la Corte Constitucional (CC) de garantizar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas en esa zona del país que corresponde a la Amazonía.
Sin embargo, el gobierno intenta en medio del déficit fiscal y la crisis de inseguridad en medio de lo que calificó como un conflicto armado interno, que la extracción petrolera en el Yasuní se mantenga.
Sobre esto, el presidente Daniel Noboa ha dicho en varias entrevistas que una moratoria es posible para poder seguir extrayendo crudo en el Yasuní. Además, la ministra de Energía expresó que el cierre de ese bloque petrolero debiera darse en unos cinco años, para que la economía nacional no se vea afectada, así como para que la industria hidrocarburífera logre transformarse.
Esas declaraciones las ratificó la funcionaria este lunes 5 de febrero durante una entrevista con Ecuavisa en su espacio Contacto Directo.
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En el espacio conducido por Lenin Artieda, Andrea Arrobo empezó diciendo que el levantamiento de la información que hay que presentar a la CC, sobre el cumplimiento de la sentencia y el plan de ejecución para desmantelar las instalaciones en el Yasuní, se debe presentar en los próximos meses.
Para ello, explicó que se han conformado mesas de trabajo con el Ministerio de Finanzas para la parte financiera de lo que implicaría el cierre del ITT y además el desmantelamiento de la infraestructura, mientras que Ambiente analiza sobre el impacto ambiental que, según la ministra, “puede ser muchísimo peor de la intervención que se ha hecho”.
Arrobo insistió que tienen hasta agosto para presentar la documentación y que es con todo lo que se cumplirá hasta esa fecha, esto a pesar que el reloj ya ha comenzado a correr desde que se anunciaron los resultados oficiales de la consulta popular, el pasado 31 de agosto de 2023 y que daba el plazo de un año para cerrar todo actividad petrolera en el Bloque 43.
Y si miramos atrás, desde el gobierno de Guillermo Lasso salieron a la luz polémicas declaraciones donde se reveló que no tenía la intención de cerrar el ITT durante el resto de su mandato, a pesar de que previamente había señalado que acataría el resultado de la consulta popular.
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En el gobierno de Lasso, Petroecuador estimó que la ejecución del plan de cierre requeriría una inversión aproximada de USD 654 millones. Esta cifra incluye una amplia gama de gastos, desde los estudios preliminares hasta la revegetación, cubriendo áreas como el almacenamiento de equipos, el cierre y abandono de instalaciones, así como el desmontaje, que son algunos de los rubros más costosos del proceso.
Pero ese dinero no estuvo presupuestado, explicando que quienes debían asumir ese gasto sería el próximo gobierno, presupuesto que sigue sin contemplarse, según información extraoficial de Petroecuador a este medio, por lo que en esa zona de la Amazonía la actividad petrolera se mantiene, según lo reporta su sitio web en el que se evidencia la producción de 410 000 barriles diarios de crudo con aportes del ITT.
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Extracción por al menos cinco años más entra al debate
La ministra de Energía ha sido enfática en afirmar que “vamos a hacer un planteamiento para que al menos durante cinco años no se puede hacer un desmontaje de una infraestructura”, es decir, demostrar que hay la capacidad técnica, financiera y ambiental con base jurídica para poder realizar la operación de cierre.
Para el colectivo ambientalista, Yasunidos, quienes fueron los proponentes de la consulta popular a través de la recolección de firmas para que la Corte Constitucional emitiera en mayo de 2023 el dictamen favorable que planteó mantener el petróleo del Yasuní bajo tierra, hay "una conveniente confusión" en la ministra Arrobo.
David Fajardo, vocero de Yasunidos, explica que lo que la CC establece en su dictamen es que "en un término no mayor a un año lo que debe suceder es un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo".
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Desde el colectivo al que representa Fajardo les parece que hay "una demora intencionada" mientras se desarrolla este plan del que habla la ministra de Energía. Por ello, califican a la actual situación como un incumplimiento del dictamen y de la decisión del pueblo en las urnas.
De hecho, existe una veeduría ciudadana que se conformó para vigilar el cumplimiento de los resultados con la que han solicitado información a Petroecuador sobre la perforación de nuevos pozos dentro del Bloque 43 del ITT en diciembre del año pasado.
"Tenemos entendido que estos pozos son producto de unos contratos que ellos habían firmado antes de los resultados de la consulta popular. Sin embargo, no hay claridad sobre esta información", dice David Fajardo de Yasunidos.
Finalmente, desde Yasunidos expresan que al menos se debe empezar con el cierre progresivo y ordenado de los pozos petroleros que existen dentro del Bloque 43 y que según la información que manejan son más de 200.
El cierre de un pozo, según declaraciones de algunas voceros de Petroecuador, puede tomar alrededor de 15 días y se podría hacer de manera simultánea, explican los Yasunidos, quienes insisten en que esto se debió haber empezado ya se hace varios meses progresivamente, pero no se hace.
De su parte, la ministra Andrea Arrobo dice que todo depende de dinero, y que de acuerdo a sus cálculos, en una primera valoración, lo establece en alrededor de USD 800 millones, "pero, realmente lo que significa desmontar la estructura hablamos de USD 1 000 a 1 200 millones", menciona Arrobo.
¿Una consulta popular para cambiar los plazos del cierre en el Yasuní?
Ante la pregunta de si la Corte Constitucional puede ampliar el plazo de explotación del ITT, ante la falta de liquidez de la caja fiscal, debido a este bloque entrega el 13 % de la producción nacional de crudo con un rendimiento, según Petroecuador, de más de USD 1000 millones por año, la respuesta varía.
La constitucionalista Ximena Ron dice que Presidencia tiene que solicitarle a la Corte Constitucional que se aperture la fase de seguimiento del dictamen y durante esa fase pedirle una modulación en cuanto al tiempo y al modo de ejecución, "tiene que justificar por qué es necesario la ampliación del tiempo", mencionó.
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Según esto, el Gobierno tendría la opción de pedir que la Corte cambie su dictamen y otorgue más plazo hasta lograr el cierre del ITT, pero no es la única opción que tiene el gobierno.
También puede optar por la vía de la consulta popular, es decir, incluir una pregunta en la que la ciudadanía pueda pronunciarse sobre postergar el cierre de las operaciones petroleras en el Yasuní.
Es una opción que legalmente es viable, pero acarrearía un riesgo político dice Emilio Suárez, también constitucionalista, que afirma que los activistas ambientales tienen una voz fuerte en la ciudadania y podría traerle un efecto contrario en las otras preguntas que se pretenden incluir en la consulta de Daniel Noboa.
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Para Yasunidos ninguna opción es viable porque las reglas estuvieron claras desde el principio, "no es posible, porque no es la Corte la que en un proceso de negociación con el gobierno decide cómo se deben cumplir los resultados de la consulta".
"Las reglas del juego estuvieron claras desde un principio y en este momento no es que la Corte Constitucional puede decir que por pedido del presidente van a cambiar lo que la gente ya decidió", manifiesta David Fajardo, Yasunidos
En derecho, la Corte Constitucional sí puede modular una sentencia constitucional o un dictamen, pero en este caso específico al tratarse de una consulta popular no es viable, comentaron los ambientalistas que además añaden que la Corte no podría no podría volver a preguntar sobre la explotación del crudo dentro del Bloque 43, porque esto significaría vulnerar un principio constitucional como es el de la retroactividad y la obligación de no regresividad.
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