Waoranis protestan contra extracción petrolera
El Gobierno insiste en que cuenta con los permisos para licitar del denominado bloque 22.
En abril, los waorani consiguieron un primer fallo a su favor, cuando un tribunal penal de la localidad amazónica de Puyo (centro) resolvió aceptar su acción de protección ante la pretensión del gobierno de abrir unas 180.000 hectáreas de su territorio a la explotación de crudo.
El Gobierno apeló la decisión e insiste en que cuenta con los permisos para licitar del denominado bloque 22 gracias a una consulta realizada en 2012 a los nativos. Sin embargo, los wao sostienen que los funcionarios llegaron entonces en avioneta y obtuvieron el aval con engaños, comida y refrescos.
"En 2012 nos violaron nuestro derecho", señaló Nenquimo, agregando que la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana "ha venido destruyendo la selva, contaminando el río".
"La gente que vive con petróleo ya no están conectados con la naturaleza, están perdiendo su cultura, no viven bien", consideró la dirigente wao.
Frente al Ministerio, los indígenas desplegaron pancartas con las leyendas "Nuestro territorio, nuestra decisión" y "agua sí, petróleo no". Algunas mujeres, cuyos rostros estaban pintados de rojo, entonaron un canto en su lengua materna, el wao terere.
"Quito no puede decidir (sobre) nuestro territorio porque nosotros somos de ese territorio, nosotros decidimos qué queremos para nuestro territorio y cómo queremos vivir", comentó a la AFP Oswando Nenquimo, portavoz waorani.
El vocero expresó su preocupación de que haya "presiones del Ejecutivo" a jueces para echar abajo el fallo a favor de los waorani.
"Tiene todo el derecho el Estado ecuatoriano de apelar, es su derecho, y nosotros no tenemos miedo de perder o ganar porque nosotros somos de la selva y vamos a estar firmemente protegiendo nuestra selva", expresó Oswando Nenquimo, agregando que los indígenas no descartan acudir a cortes internacionales.
Con unos 4.800 miembros, los waorani son dueños de unas 800.000 hectáreas de selva en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana. La ley reconoce la jurisdicción indígena sobre el territorio, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.