Tres meses de prisión para exministro Carrión por delito de peculado
El Tribunal condenó además a un exfuncionario a tres meses y, a un exasesor a un año de prisión.
El juez Vicente Robalino, del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), declaró culpable del delito de peculado al exministro del Deporte, Raúl Carrión, y lo condenó a cumplir tres meses de prisión.
En la audiencia de juzgamiento también fueron sentenciados P.S, exdirector de gestión de infraestructura del Ministerio, también condenado a tres meses de prisión, y a F.M., exasesor de la autoridad, a quien sentenciaron a un año de prisión.
Los tres culpables perderán, además, sus derechos de ciudadanía por el tiempo que dure su sentencia.
El exministro enfrenta además ocho procesos, sin que se desarrolle aún la etapa de juzgamiento.
El fiscal general Galo Chiriboga, quien participó en la diligencia judicial, acusó a Carrión del delito de peculado por subdividir contratos de menor cuantía, hace seis años, de obras deportivas en las provincias de morona santiago e imbabura.
Según un boletín de la Fiscalía, Chiriboga, a través 44 documentos y más de 10 testimonios, comprobó ante el Tribunal Penal que el entonces Secretario de Estado adjudicó contratos por adhesión al haber suscrito las cartas de invitación a los diferentes contratistas y que no convocó a licitación y concurso público de ofertas.
“El exministro realizó más de 20 contratos para cuatro grandes proyectos deportivos, lo que benefició a 12 contratistas para la ejecución del Centro de Formación de Deportes Colectivos en Carpuela (Ibarra). Además, a cinco contratistas para realización de obras en el estadio ‘Tito Navarrete’ en Macas; a tres contratistas para la construcción del estadio ‘Eddy Coello’ en Sucúa; y, a dos para la edififcación del gimnasio de deportes de contacto, también en Sucúa (Morona Santiago)”, detalló el fiscal.
También señaló que se autorizó la entrega del 70% como anticipo a las obras a ejecutarse sin que estén debidamente planificadas.
La investigación de la Fiscalía se basó en los informes de indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría, luego de un examen especial realizado a los contratos entre el Ministerio del Deporte y la Secretaría General de Cultura Física, Deportes y Recreación (Senader) en los años 2006, 2007 y 2008.