Supremo panameño fallará en tres días sobre extradición de Galo Lara
Galo Lara alegó ante el juez que es un perseguido político y que lo matarán si regresa a su país.
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió hoy que se tomará tres días para ofrecer su fallo sobre el proceso de extradición del exlegislador ecuatoriano Tito Galo Lara Yepes, quien la trata de evitar alegando que es un perseguido político y que lo matarán si regresa a su país.
Luego de una maratoniana audiencia de más de cuatro horas, el tribunal tomará una decisión que la defensa del exasambleísta confía en que sea a favor de Lara Yepes impidiendo la extradición.
El abogado defensor José Nelson Brandao dijo a periodistas que él no duda de que el tribunal "va a fallar en derecho y va a negar la extradición".
El fallo de la corte, según el abogado, se basará en tres aspectos: si se cumplieron con las formalidades de la petición de extradición; si Lara Yepes es un perseguido político; y si se violaron sus derechos humanos.
Brandao indicó que los magistrados se tomarán su tiempo para fallar ante "la serie de irregularidades" que tiene el expediente y la falta de evidencias que justifiquen la extradición del exasambleísta.
Lara Yepes, detenido en Panamá desde junio pasado tras serle revocado su asilo en este país, no se presentó el pasado 12 de septiembre a la audiencia sobre su proceso de extradición a Ecuador alegando estar indispuesto, por lo que la cita fue suspendida entonces y pautada para hoy.
En la audiencia celebrada este miércoles, la defensa presentó objeciones a la resolución de extradición emitida por la Cancillería panameña por supuestas irregularidades y reiteró que al expediente presentado adolece de pruebas documentales e incluye incongruencias en las fechas de la presentación de solicitud de la extradición por parte de Ecuador.
La defensa de Lara Yepes alegó también que los documentos referidos por Ecuador para sustentar la petición no estaban apostillados por la vía consular, lo que aceptó la fiscalía, que explicó que existe una excepción a ese trámite que exime a ambos países por tratarse de un trámite "gobierno a gobierno".
Los abogados defensores alegaron también que la solicitud de extradición es improcedente porque se habría comprobado que Lara Yepes es un perseguido político por fiscalizar actos de corrupción del presidente Rafael Correa y de su gobierno.
El gobierno panameño, sostuvo la defensa, contradice y viola convenciones en materia de asilo al haber aprobado el asilo territorial y después revocarlo.
Lara Yepes intervino en la audiencia para decir: "mis manos no están manchadas de sangre pero me van a matar, me van a asesinar. Pero aquí estoy diciendo la verdad, la verdad que me llevó a ser político y la política que me llevó a denunciar la corrupción de Correa y de su gobierno"
Aseguró que tiene pruebas de que hay planes para asesinarlo dentro de un centro penitenciario si lo extraditan a Ecuador.
"Señores magistrados, dejo mi vida en sus manos", sentenció.
En la sala se encontraban los expresidentes ecuatorianos Lucio Gutierrez y Abdalá Buaram, que esperaban poder ser testigos de la defensa para apoyar que Lara Yepes es un perseguido político, pero el tribunal no consideró procedente que intervinieran.
Gutiérrez dijo a Efe que están "sumamente preocupados" los allegados del exasambleísta de que Panamá vaya a romper con "una tradición de asilo de casi un siglo" concediendo la extradición del que, defendió, es un perseguido político por denunciar la corrupción del gobierno de Ecuador.
También acudió a la sala el excanciller de Panamá Fernando Núñez Fábrega, quien otorgó el asilo durante la administración del presidente Ricardo Martinelli.
La justicia ecuatoriana condenó el pasado año a diez años de prisión al exlegislador Lara Yepes, del opositor Partido Sociedad Patriótica (PSP), tras ser declarado cómplice de un triple crimen ocurrido en agosto de 2011, después de que había sido exculpado en 2012, cuando fue acusado de ser el "autor intelectual".
Lara Yepes llegó a Panamá en septiembre de 2013 y un mes después el Gobierno del entonces presidente, Ricardo Martinelli, le concedió oficialmente el asilo territorial, pero en mayo pasado se lo retiró en una decisión inédita en la historia diplomática del país.