El revelador cuaderno de la exasesora de Correa
El contenido de la libreta fue usado por la Fiscalía para vincular a Mera y Duarte.
La versión dada a la Fiscalía General de Estado por parte de la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez y el cuaderno incautado a esta exfuncionaria, que también se desempeñó como jueza de la Corte Constitucional, sirvió para vincular al proceso por concusión al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte.
El Ministerio Público usó esta información como elementos de convicción para formular cargos contra los exfuncionarios durante la madrugada del 1 de junio de 2019, en la Corte Nacional de Justicia.
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En su versión, Martínez cuenta que Mera le habría solicitado dinero por “pagos urgentes” y que cuando pidió hablar con Rafael Correa para contarle, él le pidió que hable con el exvicepresidente Glas y le cuente que Mera le pidió dinero. De acuerdo con su versión, unos sobres llegaron para Mera, a través de Gerardo Pereira de Souza y que luego supo que era de la constructora Odebrecht.
En cuanto a Duarte, en el cuaderno de Martínez se señala que “VP dispone el registro de gastos de campaña (de los tres mencionados anteriormente)... VP dispone recibir al ingeniero Pedro Verduga... Yamil Massuh en nombre de María Duarte”.
En su versión, Martínez contó que Correa le ordenó, en el 2013, un registro paralelo de los reportes de gastos de campaña de Alianza PAIS por dudas en la gestión de Ricardo Patiño y que la directora en Guayas, María Duarte, tenía unos sobres para ser retirados por su asesor Yamil Massuh.
El mencionado cuaderno tiene 38 hojas y fue recuperado durante un allanamiento al departamento de la exasesora de Correa, dirigido por la Fiscalía.
La fiscal general afirmó que Mera y Duarte “abusaron” de su poder y que desde sus cargos públicos “exigieron” aportes económicos a representantes de empresas como Odebrecht, a cambio de garantizarles contratos con el Estado.
El Ministerio Público también presentó como evidencia un reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI), donde consta la declaración de USD 211 111 que Duarte habría recibido de una empresa ecuatoriana en febrero del 2017. En mayo, a esa empresa se le adjudicó un contrato para hacer la fiscalización de un hospital en Durán, por USD 2,1 millones.
Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada del sábado 1 de junio de 2019 en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, y prohibición de salida del país para María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte del anterior régimen.
Los exfuncionarios del régimen anterior fueron detenidos la mañana del viernes 31 de mayo de 2019 en Guayaquil para investigaciones dentro de un caso de concusión, informó la Fiscalía.
La jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de USD 3.5 millones para Alexis Mera y de USD 2.5 millones para María de los Ángeles Duarte.
La exministra Duarte también debe presentarse periódicamente ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.
Martínez y Laura Terán tienen prisión preventiva dentro del caso de suspuestos aportes irregulares por parte de empresas transnacionales a la campaña de Rafael Correa de 2013.
Luego de que se le dictaran medidas en la audiencia de formulación de cargos al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y a la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, la Policía continúa con la búsqueda del ex Vinicio Alvarado, exministro de Turismo y exsecretario de la Administración, quien es investigado por supuesta concusión, al igual que los otros exfuncionarios.
En un boletín del 1 de junio de 2019, la Fiscalía precisa que el jueves 30 de mayo de 2019, la fiscal Ruth Amoroso remitió un oficio a la fiscal general del Estado, adjuntando copias certificadas de piezas procesales, a fin de que se abra una investigación previa por el presunto delito de concusión en contra de Mera, Duarte y Alvarado.
En ese contexto, la fiscal general Diana Salazar dispuso la realización de varias diligencias, entre ellas allanamientos a inmuebles, y solicitó a la Corte Nacional de Justicia la detención con fines investigativos de los mencionados ciudadanos.