Receptan primeras pruebas de cargo contra presidenta de CNE
Esto se realizó en el marco de la sustanciación del juicio político contra Diana Atamaint.
En el marco de la sustanciación del juicio político contra, formulado por los asambleístas la Comisión de Fiscalización dio paso a la fase de recepción de pruebas de cargo.
En esta ocasión, dieron sus versiones Néstor Marroquín, auditor electoral; y, Pablo Bermeo, representante del Colectivo Yasunidos, quienes coincidieron en señalar que Atamaint incumplió funciones legales específicas en el ejercicio de su cargo. La comparecencia de Patricio Mendoza Palma, excandidato a la prefectura de Los Ríos, se desarrollaría este jueves, a las 08h00.
Marroquín aseguró que la titular del CNE es responsable de no actualizar el registro electoral, así como de no haber convocado al consejo consultivo de los movimientos y partidos políticos para que, a través de expertos y técnicos, puedan ejercer el derecho a una auditoría integral del último sufragio de marzo de 2019, obviando lo que manda el propio Código de la Democracia.
De su lado, Pablo Bermeo dijo que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio determinó que los vocales destituidos del Consejo Nacional Electoral violentaron derechos de participación ciudadana, en particular de Yasunidos, por lo que dispuso la reparación de los mismos, especialmente con la implementación de una consulta popular. Esta lucha de más de seis años no ha tenido eco en la presidenta del Consejo Electoral, a pesar de los insistentes requerimientos del Tribunal Contencioso Electoral y la Defensoría del Pueblo, enfatizó.
Los comisionados recibieron también a Alicia Cahuiya, del pueblo Huaorani, quien expresó que se deben analizar los graves daños ambientales que causa la explotación petrolera en el sector de Yasuní, al respaldar la consulta popular.
Previamente a la instalación de la sesión, en diálogo con la prensa, la asambleísta Johanna Cedeño, presidenta de la Comisión de Fiscalización, ratificó que en este proceso se garantizará, en todo instante, el principio del debido proceso y de presunción de inocencia. Indicó que habrá más de 12 comparecencias adicionales a las previstas y sobre la base de la valoración de las pruebas se resolverá lo pertinente.
Cedeño sostuvo que la aseveración de Diana Atamaint, en en sentido de que hay una actitud de persecución política, está distante del rol de los parlamentarios, más aún cuando 43 firmas, de distintas bancadas, respaldan este proceso. El derecho a fiscalizar no puede ser cuestionado por ninguna autoridad, que además sea sujeto de control político, concluyo.