Reactivan juicios del 30-S con acusación de secuestro al presidente contra 14 policías
Las acusaciones en el caso abarcan a un general que había sido absuelto.
Han pasado 6 años, 7meses y 10 días de la revuelta policial del . El presidente Rafael Correa está por dejar su mandato y la Fiscalía revive el caso del supuesto secuestro al primer mandatario.
14 policías fueron acusados de retenerlo en contra de su voluntad, 8 en calidad de autores y 6 como cómplices; entre ellos, el general Florencio Ruiz, quien ya fue absuelto en un primer proceso por el delito de rebelión.
Los abogados defensores rechazan esta acusación.
“El señor presidente estaba retenido por la fuerza y eso no es así porque él continuaba trabajando y en su informe lo dice claramente. Por lo tanto, aquí no creo que haya ningún tipo de delito que juzgar y todos deberían irse libres”, señaló Rigoberto Ibarra, abogado defensor de 2 policías acusados.
Pero Fabián Salazar, fiscal del caso, asegura que tiene elementos para inculparlos.
“Fiscalía ha presentado más de 200 pruebas, elementos que sirvieron para poder sustanciar esta acusación. Nosotros ponemos en manos del juez que es el garantista y él sabrá tomar la decisión necesaria”, indicó Salazar.
En el anterior Código Penal, vigente durante el 30 de septiembre de 2010, al delito se lo conocía como plagio; en el nuevo COIP es secuestro, pero los abogados de los policías dicen que ya no puede ser juzgado pues no es el mismo tipo penal.
“Prescripción de la acción en razón del tipo penal que estuvo vigente en el 2010 y que efectivamente por las circunstancias narrativas de la propia Fiscalía ya habría prescrito el derecho de la justicia de perseguir este tipo de delitos”, dijo Marcelo Dueñas, abogado de policía acusado.
“El plagio estaba contemplado en el 188 al momento que se suscitaron los hechos, pero esa conducta no ha sido despenalizada y consta en el 162 del nuevo Código Orgánico Integral Penal”, manifestó Fabián Salazar, fiscal del caso.
Tras la acusación fiscal, el juez anunció que se va a tomar el tiempo necesario para analizar el expediente, luego anunciará si decide o no llamarlos a juicio.