¿La delegación internacional del puerto de Manta estaría en riesgo?

En Manta, la delegación internacional de su puerto, ocurrida a finales de 2016, entra nuevamente en polémica tras otros incidentes que han generado desacuerdos entre quienes administran esa infraestructura, los representantes del Estado y ciertos sectores ciudadanos.

Ya, entre 2018 y 2019, hubo cuestionamientos porque la Contraloría General del Estado hizo observaciones de este contrato de delegación. Sin embargo, no hubo sanciones o variaciones en los términos acordados y la empresa chilena Agunsa, quienes recibieron la autorización para administrar por 40 años la parte internacional del puerto de Manta, ha seguido operando dichas instalaciones sin aparentes contratiempos mediante la figura legal de Terminal Portuario Manta (TPM).

Previamente, en 2007, ya hubo un fallido proceso con la empresa china Huchitson Port Holding a quienes se les concesionó, cuando aún lo permitía la Constitución ecuatoriana, las instalaciones del puerto de Manta para que fuera transformado en Puerto de Transferencia. Dicho arreglo duraría 30 años y se invertirían USD 523 millones. Pero en 2009, los chinos decidieron retirarse por ajustes en los términos contractuales y porque además incumpliron con parte de lo ofrecido.

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Con ese antecedente, llegó el consorcio chileno Agencias Universales S.A. (Agunsa), quienes siete años después de la última iniciativa privada, ofrecieron una inversión de USD 177 millones, luego de ofertar en un concurso público en el que fueron los únicos oferentes.

Con más de 60 años de experiencia en el negocio marítimo, los chilenos administran el 70 % del puerto, mientras que el 30 % restante está en manos del sector público, a través de la Autoridad Portuaria de Manta (APM) que opera el terminal pesquero y de cabotaje, correspondiente a la pesca artesanal e industrial.

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¿Pero podría terminarse la delegación a TPM y regresar a manos APM?

De acuerdo a información entregada a este medio de parte Autoridad Portuaria de Manta, la empresa Agunsa habría cometido irregularidades relacionadas con la transferencia del paquete accionario del gestor privado sin el previo consentimiento de APM.

El gerente de Autoridad Portuaria de Manta, contralmirante Ronald Muñoz, ha explicado en varias entrevistas para medios manabitas que la novedad encontrada, producto del control que ejecutan al contrato de delegación, corresponde a registros de Agunsa transfiriendo el 60 % de su participación accionaria sin contar con la autorización previa de la APM, infringiendo así varias cláusulas del contrato de gestión delegada del puerto de Manta.

Esto, según el funcionario, los llevaría a la terminación anticipada por “causas puramente objetivas sin posibilidad de subsanación, de comprobarse la compra venta de acciones”. Por ello, APM concedió 15 días a TPM para que presente los descargos respectivos, sin embargo, Agunsa interpuso una acción de protección sobre supuestas amenazas a su inversión, por lo que ahora cuentan con una medida cautelar a APM de suspender el pedido hasta que se resuelve en una audiencia la acción de protección.

"Con la acción de protección lo que se pretende es silenciar el accionar de nuestra gestión en procura de que no salgan a la luz los hechos de este caso. Tenemos todo el fundamento legal para exponer y aclarar esta novedad el próximo 10 de noviembre, día de la audiencia, en cumplimiento a las recomendaciones de la Contraloría General del Estado de renegociar el contrato. La decisión final la tomará el gobierno", afirmó Ronald Muñoz, gerente de APM.

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De parte de la empresa delegada, Roberto Salazar, quien ejerce como presidente de Terminal Portuario Manta, dice que están asombrados por las declaraciones del gerente Muñoz debido a que ya en febrero de este año notificaron lo que hoy se denuncia como irregularidad, “no es una venta de acciones como se ha calificado, porque he escuchado intervenciones del gerente de la Autoridad Portuaria Manta que habla de venta de acciones y en ningún momento ha habido tal cosa. Lo que se ha dado es una reestructuración societaria que es un derecho de las empresas globales como lo es Agunsa, una multinacional de más de 60 años de edad”. afirma Salazar.

Sobre la acción de protección que interpusieron, dice que era algo que en Ecuador desconocían, “fueron los accionistas desde Chile que ante el sentimiento de inseguridad jurídica por este ataque, o este peligro con el que ven sus inversiones, tratan de evitar que que alguien tome decisiones equivocadas perjudicando sus derechos como inversionistas”, explica el presidente de TPM.

Para la APM, la transferencia accionaria realizada por Agunsa afecta la seguridad jurídica y la confianza del contrato. Adicionalmente, desde Autoridad Portuaria de Manta también se ha mencionado que TPM desde el inicio de sus operaciones en el puerto ha facturado USD 118 millones, de los cuales sólo USD 4 millones ha recibido APM, lo que, según ellos, refleja una evidente pérdida para el Estado ecuatoriano, porque además la inversión no supera los USD 32 millones hasta ahora.

Salazar dice que en inversiones ya llevan más de USD 60 millones, y que el Estado ecuatoriano ha recibido USD 8.5 millones en regalías. Insiste en que han duplicado la carga con un incremento del 81 % en el volumen desde que operan en ese puerto, “eran aproximadamente 620 mil toneladas en el año 2016, y hemos llegado a casi un millón doscientos mil toneladas al cierre del año 2022”.

“En números esto ha significado aproximadamente USD 8 millones y medio durante estos casi siete años de administración, mientras que en cuanto a inversiones se refiere como estructura, equipamiento, maquinaria, seguridad, estamos hablando de más de USD 60 millones al cierre de este año 2023”, menciona Roberto Salazar, presidente de TPM

Pero el presidente de TPM sí reconoce que finalmente es menos de lo esperado por varios factores que cambiaron de acuerdo a las proyecciones en las que incluso se contemplaban ingresos por las operaciones de la Refinería del Pacífico que no se construyó, aunque dice que el puerto brinda mejores servicios, y en general son números positivos.

Sin embargo, durante una entrevista en el programa Vera a su manera la noche de este jueves 26 de octubre, el gerente de APM dijo el contrato contemplaba dos variables con respecto a los ingresos para el Estado, una de ellas es la cantidad de contenedores que llegaban al puerto, establecidos en 50 mil TEU (unidades equivalentes a 20 pies) por año, aunque precisa que el acuerdo es que ese número vaya en aumento durante los años que dura la delegación, pero señala que TPM ha dejado de conseguir más carga.

El contralmirante Muñoz dice que la empresa a cargo se ha dedicado más al negocio de recibir vehículos y granos, cobrando altas sumas por mantener embodegados hasta que se de el tramite de salida. Pero que son valores que al Estado no le representan ganancias, originando una inequidad que perjudica a Ecuador. Y revela que alquilar otras áreas del puerto representa más ingresos que los que deja Agunsa, por ello cree que hay que renegociar ese contrato.

Así las cosas, el actual desacuerdo se deberá inicialmente resolver el 10 de noviembre, cuando en la Guayaquil se revise la acción de protección solicitada por accionistas de la empresa chilena que debe justificar la transferencia del 60 % de su paquete accionario establecido en el contrato suscrito en diciembre de 2016 con Autoridad Portuaria de Manta. Una nueva polémica para un puerto que no alcanza a consolidarse nacional e internacionalmente en el negocio naviero y que pone en riesgo -otra vez- el tan ansiado progreso de la provincia de Manabí que aún no ha podido poner a su puerto con buen viento y buena mar.

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