Publican nuevos chats de Sebastián Yunda con funcionarios
Los chats encontrados en el teléfono de Sebastián Yunda, provocan salidas en el Municipio.
La información encontrada en el teléfono de Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, provocó despidos y renuncias.
Jorge Yunda removió a:
Cristhian Acaro y Cinthya Puga, funcionarios de su despacho. Carlos Poma. Director Informática.
Por su parte, los que presentaron su renuncia voluntaria son:
Diego Jara, Secretario de Cultura. Esteban Rodríguez, Asesor. Freddy Erazo, Administrador General y Carlos Varela, asesor
Varios aparecen en chats con Sebastián Yunda, es el caso del ahora exsecretario de Cultura Diego Jara.
Los chats con la asesora de despacho del alcalde, Cinthya Puga, dan cuenta de que coordinaba varias actividades para Sebastián Yunda, desde búsqueda de contratos para conciertos en gobiernos locales y auspicios, hasta otros negocios o reuniones.
En otra fecha:
El alcalde, quien el pasado viernes dijo que no pone las manos al fuego por nadie, ni por familiares, hoy emitió un comunicado:
"...todas las personas tenemos el derecho a la presunción de inocencia, como padre confío en el actuar de mi hijo y más allá de eso legalmente deberá probarse que los presuntos chats que circulan son reales. Mi anhelo siempre será que mi hijo sea declarado inocente en un proceso justo e imparcial..."
Mientras esto sucede, varios consejales de Quito, entre ellos Bernardo Abad, han solicitado la renuncia del alcalde. Aunque Yunda aseguró que culminará su cargo hasta su último día en el cargo.
Censuró asimismo la "mal intencionada" filtración, "casualmente, a medios opositores", que calificó como "un acto de mala fe y persecución política y mediática", además de poder llegar a constituir un delito.
El pasado 11 de marzo la Fiscalía allanó la vivienda del alcalde, donde se incautó de una computadora, varios celulares, así como el servidor de circuito cerrado de vídeo-vigilancia de su domicilio.
El órgano fiscal confirmó que los chats están dentro del proceso abierto por el presunto delito peculado contra el regidor y otras catorce personas vinculadas con el Ayuntamiento por la adquisición de 100.000 pruebas covid-19 el año pasado.
El alcalde se encuentra imputado y está bajo medidas cautelares como presunto autor mediato de ese delito, junto a otros seis funcionarios y excargos públicos como presuntos coautores.