Proyecto de ley plantea entidad para proteger datos
Expertos tienen reparos porque organismo dependería del Gobierno.
El proyecto de presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional crearía una entidad encargada del control y sanción a quienes hagan mal uso de la información personal de los ciudadanos. Los funcionarios públicos que permitan infracciones a la ley serán también sancionados.
Los datos personales que están bajo está norma tienen que ver con cualquier información que permita indentificarlo, empezando por su nombre o dirección y pasando por sus deudas o incluso su historial de salud. La intención, según el Gobierno, es que todo eso sea protegido y solo pueda ser revelado bajo su autorización. Para ello la ley crea la Autoridad de Protección de Datos Personales que será la entidad encargada de controlar que no se invada la privacidad con la divulgación no consentida de información. La inquietud de expertos en el tema es que dependería del Gobierno.
"Recordemos que el Ejecutivo es uno de los elementos que también recolecta y trata datos, entonces en este aspecto no puede ser juez y parte", dijo Alfredo Velazco, director de usuarios digitales.
De todas formas el proyecto señala que los funcionarios públicos que por acción u omisión permitan por ejemplo que la información personal se utilice con fines distintos a los autorizados por el ciudadano, será sancionado en caso de infracciones leves con una multa de entre una a diez salarios básicos unificados, y en el caso de infracciones graves con entre 10 a 20 salarios.
"Tiene elementos que por un lado son de provisión, de tratamiento y de recolección de datos que finalmente es sacionatorio por el abuso de utilización de los datos, entonces en ese aspecto sí contiene los elementos que debería tener una ley", comentó Velazco.
El proyecto exige a quienes manejan bases de datos autorizadas a suscribir contratos de confidencialidad y utilizar mecanismo para evitar vulneraciones. En el caso de las llamadas insistentes de venta de productos o servicios se aplica de ser el caso del 10 al 17% de la facturación si no cumplen la normativa, aunque la ciudadanía ya tendría herramientas para actuar.
Si la ley es aprobada por la Asamblea, las sanciones se aplicarán dos años después, mientras los responsables y encargados de los datos se adecuan a las nuevas obligaciones previstas.