Prefectura de Pichincha contrató la elaboración de un mural por USD 480.000
En medio de una crisis sanitaria y económica, la Prefectura de Pichincha contrató la elaboración de un mural conmemorativo al bicentenario de la Batalla de Pichincha.
La intención es que por los 200 años de esta gesta, la pared oriental del edificio de la institución, ubicado en el Centro Histórico de Quito, se vista con el mural de más de 500 metros cuadrados.
El proceso para contratar este proyecto inició en noviembre pasado y el Consejo Provincial invitó al artista quiteño Pavel Égüez para que haga su oferta.
Sin otras propuestas, el 10 de diciembre pasado la Prefectura adjudicó el contrato por 480.000 dólares.
Égüez es parte de UNES Cultura y Patrimonio, fue miembro de la directiva de la Revolución Ciudadna y en el Gobierno de Rafael Correa fue beneficiario de varios contratos.
El convenio más oneroso fue el que sostuvo con el Consejo de la Judicatura, en 2012, para hacer murales en las unidades judiciales del país, por 850.000 dólares.
Una de las obras más polémicas de Égüez fue el mural denominado "Un Grito a la Memoria", que está en el edificio que ocupó la Fiscalía General del Estado (entre las avenidas Patria y 12 de Octubre), cuando su titular era Galo Chiriboga.
La obra pictórica, armada con 5.500 piezas de cerámica, costó 300.000 dólares y fue contratada en 2014.
En un comunicado de diciembre de ese año, la Fiscalía indica que esa obra representaba un "resarcimiento integral" con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad sucedidos entre 1984 y 2008.
Ecuavisa intentó contactarse con Égüez, pero hasta la redacción de esta no respondía su teléfono.
- "Preocupación, indignación y oposición" -
El contrato para la elaboración del mural por el bicentenario de la Batalla de Pichincha es solo uno de los aspectos que ha provocado "preocupación, indignación y oposición" entre la Asociación de Empleados de la Prefectura de Pichincha.
En un comunicado difundido este viernes 28 de enero, la Asociación expresa su postura frente a la ordenanza aprobada por el Consejo Provincial que provocará un aumento en la tarifa de matriculación vehicular, "los onerosos egresos de los gabinetes itinerantes", la supuesta inflación de la nómima del personal y la presunta desvinculación de trabajadores de carrera para la "inclusión de cuotas políticas".
El gremio califica como "desatinadas" las acciones tomadas por la prefecta Paola Pabón y el viceprefecto Alexandro Tonello.