Piden vincular a Correa en caso Refinería del Pacífico

En la denuncia, Julio César Trujillo pide también vincular a Jorge Glas y Carlos Pólit.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio pidió a la Fiscalía General del Estado que se vincule al expresidente de la República, Rafael Correa, en la investigación sobre el uso de recursos públicos y el favorecimiento para la realización de negocios con el Estado a la empresa SK E&C Consultores Ecuador S.A./ SK Engineering and Construction Company, dentro de la obra de la .

.@JCTrujilloCPCCS: "Tenemos que luchar y le pedimos al pueblo ecuatoriano que se sume a esta lucha, porque si al pueblo ecuatoriano no le importa que le roben su dinero ¿Para qué estamos las autoridades?". #LuchaContraLaCorrupción #RefineríaDelPacífico @FiscaliaEcuador pic.twitter.com/2xzerUmJNP

— Participa Ecuador (@CPCCS) 11 de febrero de 2019

"Hemos venido a presentar documentos que justifican nuestra denuncia por el más grande atraco en contra de la economía del país, desde la adquisición del terreno, licencias, patentes, de una refinería que no existe. Se encuentran suficientes indicios para vincular el exmandatario Rafael Correa", señaló desde la Fiscalía Julio César Trujillo, presidente del organismo transitorio, quien acudió este 11 de febrero de 2019 para presentar la denuncia.

En la documentación consta el informe de investigación sobre el proyecto Refinería del Pacífico, que señala que el expresidente emitió los decretos Ejecutivos mediante los que se declaró la emergencia en la entonces denominada Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador y todo el sistema denominado Petroecuador, sin justificación técnica.

La declaratoria de emergencia instauró un régimen de excepción en el sector petrolero, que habilitó el marco jurídico para que el Ministerio de Economía y Finanzas entregue recursos públicos por parte de Petroecuador a la compañía Refinería del Pacífico RDP CEM, en los años 2008 y 2009, por un total de $50'352.000.

Con el mismo marco jurídico se suscribieron dos contratos entre la Refinería del Pacífico y la empresa SK, para los “Estudios de determinación de la Línea Base Ambiental para la construcción del Proyecto Complejo Refinador y Petroquímico del Pacífico” y para los “Estudios de Ingeniería Conceptual para el Desarrollo del Proyecto”, respectivamente, por un valor total de $50'775.246.

Dicho estado de excepción habilitó también la entrega de recursos, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a Petroecuador, para que aporte en calidad de accionista a la compañía Refinería del Pacífico CEM, un total de $53'662.000.

Adicionalmente, el Consejo solicitó la vinculación del exvicepresidente Jorge Glas, por la presunción de que, en su calidad de ministro coordinador de Sectores Estratégicos, habría conocido y estaría involucrado en la malversación de fondos públicos (peculado), encabezando una red de corrupción pública con la participación de actores privados. Asimismo, se pidió vincular a Carlos Pólit, ex Contralor General del Estado, por la neutralización de los mecanismos de control posterior. Además, que se investigue a las compañías SK, Odebrecht, Caminosca, Worley Parsons, Verdú, entre otras.

En la denuncia presentada se solicitó investigar el grado de participación de Wilson Pastor, expresidente del Directorio de la compañía Refinería del Pacífico y exministro de Recursos Naturales No Renovables; Pabel Muñoz, exdelegado del Secretario Nacional de Planificación; y a exgerentes (titulares y encargados) de Petroecuador y de la Compañía Refinería del Pacífico, entre otros; como presuntos responsables por el abuso de recursos públicos y actos de favorecimiento para la realización de negocios con el Estado a la compañía brasileña Odebrecht.

Además, , y se solicitó que se determine el grado de responsabilidad del exfiscal General del Estado, Galo Chiriboga; de la exfiscal General subrogante, Cecilia Armas; del exvicepresidente Jorge Glas; del juez Marco Maldonado; y de la jueza Karen Matamoros, por el archivo de una denuncia ciudadana que puso en evidencia las irregularidades y sobreprecios en la adquisición del terreno para el área de implantación del proyecto de la Refinería del Pacífico.