Piden autorización de Asamblea para vincular a Bonilla
Solicitud se da luego de que fiscal general vinculó a 22 personas más a caso 'Sobornos'.
Este viernes 26 de julio de 2019 la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho, envió a la Asamblea el pedido para que el órgano se pronuncie sobre la vinculación del expresidente de la República, Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y la actual asambleísta Viviana Bonilla, en el caso 'Sobornos 2012-2016'.
Camacho recuerda que Correa y Glas eran presidente y vicepresidente del país cuando se habría cometido el supuesto tráfico de influencias, cohecho y asociación ilícita.
“En garantía del debido proceso, el derecho a la defensa y de los derechos de los procesados, y a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad, solicito a la Asamblea Nacional su pronunciamiento en esta causa específica”, pide la magistrada de la Corte Nacional de Justicia.
En el caso de la legisladora Bonilla, Camacho menciona que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para el inicio de una instrucción fiscal o enjuiciamiento penal en contra de un asambleísta se requerirá autorización previa del Pleno del Parlamento.
La solicitud de la jueza Camacho fue dirigida al presidente de la Asamblea, César Litardo.
Las diligencias realizadas en el caso 'Sobornos 2012 - 2016', antes conocido como “Arroz Verde”, llevó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, a vincular a 22 personas más en el proceso judicial por supuesto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Se trata del expresidente de la República, Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, el exministro Vinicio Alvarado, el exsecretario del Agua Walter Solís, la actual asambleísta Viviana Bonilla, el exasambleísta Christian Viteri. María Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado. Yamil Massuh, exasesor de la exministra María de los Ángeles Duarte, y el exgerente de Coca Codo Sinclair.
Entre los nuevos vinculados constan 13 privados, la mayoría empresarios beneficiados de contratos millonarios con el Estado que habrían entregado aportes a Alianza PAIS (AP).